Demanda Kirchner por Derechos Humanos para ocultar la crisis en Santa Cruz

Néstor Kirchner dice que no se entromete en la labor de la Justicia pero ayer volvió a reclamar la nulidad de los indultos a los ex comandantes.

El perdón presidencial ya tambalea en la Corte Suprema. Sólo falta el empujón final. El procurador de la Nación, Esteban Righi, dictaminó, hace unas semanas, que los delitos considerados de lesa humanidad son imprescriptibles y quedan excluidos de las autoamnistías o indultos. Los jueces supremos respaldarán ese criterio y lo sostendrán con una declaración de inconstitucionalidad que saldría a fines de este mes.

Kirchner hizo presión desde Resistencia dondeencabezó un acto para recordar a las víctimas de la denominada masacre de Margarita Belén. Fue la primera vez que un jefe de Estado «honró» a los muertos en ese hecho ocurrido en la madrugada del 13 de diciembre de 1976.

Pidió a la Justicia argentina, «como ciudadano», que se avance en la nulidad de los indultos « ahora que están «superadas ya las lamentables leyes de Obediencia Debida y Punto Final».

Con sutil ironía apuntó: «Sé que se van a escribir editoriales diciendo que me entrometo, pero esto no es intromisión».

La última vez que Kirchner reclamó que se aceleren las causas militares fue durante el acto por los 30 años del golpe de Estado de marzo de 1976, realizado en el cárcel clandestina de La Perla, Córdoba.

La exigencia presidencial disparó la jugada más fuerte del Consejo de la Magistratura para deshacerse de cuatro integrantes de la Cámara de Casación.

Esa arremetida generó una réplica de la corporación de jueces y un llamado de atención de Corte Suprema que instó al gobierno a respetar la independencia judicial y actuar con mesura en el reclamo.

Mientras Kirchner reivindicaba la figura de los militantes asesinados en el Chaco, los jueces supremos se reunieron con el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y el procurador Esteban Righi.

Objetivo

Los dos representantes del Ejecutivo forman parte de una especie de comité que tiene como labor procurar que las causas lleguen rápido a juicio y garantizar la seguridad de los testigos. La desaparición de Julio López, luego de declarar en un juicio contra Miguel Etchecolatz, desnudó esa debilidad de la administración kirchnerista.

Ahora para evitar nuevos López el gobierno instruyó a su ministro de Justicia para generalizar la seguridad física y psicológica de las personas involucradas en estos procesos y sus familias a través del programa de protección de testigos y de un plan nacional de acompañamiento y asistencia a los querellantes y testigos de las víctimas del Estado.

En la Corte Suprema la nulidad de los indultos -que concedió Carlos Menem a ex jefes militares- es un caso definido. El tribunal está pronto a obtener la mayoría requerida para declarar inconstitucional ese beneficio. Será en una causa iniciada por el ex jefe del Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo, general Santiago Omar Riveros, cuyo indulto fue anulado por un juez de instrucción y luego confirmado por la Cámara de Casación.