La derogación de la reforma laboral votada en sinuosas circunstancias en el año 2000 es uno de los objetivos centrales del sindicalismo que, en su momento -con la excepción de Hugo Moyano-, la apoyó. Tanto, que entre los motores del escándalo Pontaquarto, junto al arrepentimiento del ex secretario parlamentario y al empeño de la periodista que lo entrevistó, está la campaña que llevó adelante el sindicalista de los camioneros para derogarla.
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Fue él quien hace un mes y medio le reclamó personalmente a Néstor Kirchner que liberase del secreto profesional al agente de la SIDE Isaac García, quien declaró sobre cómo se compraban los teléfonos celulares en el juicio por el atentado a la AMIA.
Creyó Moyano que de esas declaraciones surgiría el presunto uso de los celulares que compraba García para funcionarios del gobierno a través de una empresa en el pago de coimas en el Senado.
Ver desde su casa que los agentes de la SIDE eran liberados del secreto pudo gatillar la voluntad de Pontaquarto de contar lo que contaría, algo comprensible si podía quedar complicado con las confesiones de otro arrepentido más veloz que él. Tenía entradas en la SIDE y cualquiera podía imaginar cualquier cosa.
Cuando estalló la crisis Pontaquarto, el moyanismo impulsó una inmediata derogación de la ley de reforma laboral que estuvo en un tris de lograr, pero lo frenaron desde la propia Casa de Gobierno.
El argumento moyanista es que esa ley es una pieza de artillería que si algún gobierno reglamenta y pone en funcionamiento puede terminar con el poder de los sindicatos, por las modalidades de relación sindical que habilita.
La norma está dormida pero no se sabe hasta cuándo. Miren lo que costó sacar esa ley, argumenta Moyano a los suyos. Si logramos voltearla, nadie nunca va a intentarlo otra vez. Hay que aprovechar el ahora o nunca del arrepentido.
El gobierno no está convencido de que la norma sea tan mala. Primero, por lo que Moyano se queja: el inmenso poder que le da al gobierno para contrarrestar el poder sindical. Un poder tan temible para el Presidente como los otros a los que tiene todo el derecho de temerles (el peronismo, los gobernadores, la opinión pública).
Por eso mandó frenar los proyectos que le trajo Carlos Tomada -el experto en «libertad sindical» (para que no la haya) de la CGT en todos los congresos de la OIT-para voltearla sumariamente.
Tampoco convence al gobierno la necesidad que le exponen los sindicalistas de derogar también los capítulos de desregulación laboral, que si se caen pueden aumentar el desempleo en el país.
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