La presencia de la inteligencia artificial y la utilización de la información de los usuarios ingresó nuevamente en el debate en Diputados luego de la inserción en aplicaciones de mensajería y de una iniciativa del Ministerio de Seguridad: la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS).
Diputados buscan reglamentar la cibervigilancia por inteligencia artificial
Dos legisladores avanzaron con proyectos de ley para que existe un marco normativo para la utilización de nuevas tecnologías para la prevención del ciberdelito.
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Congreso de la Nación.
El espacio pertenecerá a la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos y, según apunta la Resolución 710/2024 presentada este lunes, estará compuesta por efectivos de fuerzas federales. Algunos de sus objetivos principales serán el de "patrullar redes sociales, aplicaciones, sitios de internet y "dark-Web", para la investigación de delitos e identificación de autores" y "analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas".
Además, se propone a "utilizar algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos", "detectar amenazas cibernéticas", "procesar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes para extraer información útil", "realización de tareas peligrosas, como la desactivación de explosivos" y "analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales".
La UIAAS estará supeditada a las tareas de ciberpatrullaje previamente fijadas por el Ministerio de Seguridad en mayo, a través de la Resolución 428/2024, que precisa que la actividad de vigilancia digital "no podrá interferir con la libertad de expresión constitucionalmente garantizada"; "queda prohibido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política"; y establece que mensualmente, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales deberán remitir un informe de gestión.
Diputados presentaron proyectos de ley para regular inteligencia artificial
Los diputados cordobeses Oscar Agost Carreño y Juan Brügge, ambos integrantes del bloque de Hacemos Coalición Federal, presentaron proyectos de ley paralelos para constituir un marco legal para la utilización privada e institucionalizada de la inteligencia artificial.
Agost Carreño es autor de la "Ley Turing" que propone "asegurar la protección del derecho a la imagen", "establecer los parámetros legales para futuras controversias sobre la propiedad intelectual" y "resguardar otros derechos personalísimos frente a posibles vulneraciones" ante los alcances de las herramientas de inteligencia artificial. La propuesta hace énfasis en la preservación de datos personales de todos los ciudadanos y en la limitación de constituir bases de archivos sin su consentimiento.
Por su parte, Juan Brügge introdujo una iniciativa cuyo objetivo es penalizar el uso no autorizado de imágenes personales o voces mediante tecnología de inteligencia artificial. En ese marco, establece penas de entre cuatro a ocho años de prisión para quienes utilicen esta tecnología con fines ofensivos o dañinos de personas o sus herederos. La redacción incluye agravantes en caso de que el perjudicado sea menor de edad.
Diputados regresa con debates de seguridad: prioridad en ley antimafias y baja de edad de imputabilidad
El Gobierno no descuida el ámbito parlamentario y, en medio de las tensiones internas, apunta a uno de sus ejes de campaña: la agenda de seguridad. Luego de dos semanas de inactividad, comisiones de Diputados debatirán en plenario reformas significativas del Código Penal, mientras se encaminan a un triunfo legislativo en el recinto a inicios de agosto.
Para el mediodía del miércoles, la Comisión de Legislación Penal convocó al tratamiento de cuatros proyectos: modificación de la legislación sobre Trata de Personas y Secuestro de Armas de Fuego, ley de Régimen Penal Juvenil y Abordaje Integral del Crimen Organizado. Para el próximo miércoles 7 de agosto, y entre una decena de ratificaciones de acuerdos de cooperación diplomática, se inscribieron otros dos proyectos con consensos consabidos del oficialismo y dialoguistas: regularización sobre armas de fuego y ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos.
Si bien la urgencia parlamentaria se encuentra en sancionar una reforma política antes del año electoral del 2025, el debate de seguridad reunirá en plenario a distintas comisiones (entre ellas, la de Presupuesto, por el financiamiento que implicarían las reformas) para fortalecer una redacción de consensos antes de aplicar modificaciones sensibles en el Código Penal. La actividad parlamentaria en seguridad no descarta la confluencia de otros proyectos, que van desde la ley contra la reincidencia, propuesta por Natalia Zaracho (Unión por la Patria), hasta agravamientos sobre reiterancia delictiva, firmada por Carolina Píparo (Buenos Aires Libre).
No habrían demoras para dictaminar el proyecto de los bloques federales, que buscan modificar el artículo 145 bis sobre Trata de Personas, penando “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica”. Entre los argumentos, se deducen las consecuencias del caso de Loan Peña: se habla de “entrega de niños”. Tampoco habría inconveniente en el apoyo a la iniciativa peronista de reformar la legislación sobre el secuestro de armas de fuego, incorporando el artículo 23 bis que establece un período máximo de seis meses para la destrucción de las incautaciones, con el fin evitar el mercado negro de municiones.
Informe Fernando Brovelli
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