22 de mayo 2024 - 11:48

Diputados debate reforma del Código Penal: gobernador de Santa Fe pidió que "no se queden cortos"

Se debatió el Registro Nacional de Datos Genéticos y el Abordaje Integral del Crimen Organizado en Diputados, con la presencia de Maximiliano Pullaro.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad santafesino Pablo Cococcioni en el plenario de comisiones de Diputados.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad santafesino Pablo Cococcioni en el plenario de comisiones de Diputados.

Foto: Ignacio Petunchi.

En paralelo al debate en el Senado de la ley Bases, los diputados de la Nación se reunieron este miércoles en plenario de comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior para discutir acerca de reformas del Código Penal. Además de la presencia de magistrados y especialistas, participó del encuentro el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni, que dieron su punto de vista sobre el Registro Nacional de Datos Genéticos y el Abordaje Integral del Crimen Organizado.

"No tenemos que tener miedo de hacer reformas importantes", dijo Pullaro en su intervención e insistió: "No se queden cortos". "Nos parece que esta ley tiene un exceso de garantismo" porque "tiene algunas instituciones y algunos instrumentos que hemos debatido en la provincia de Santa Fe y hoy lo estamos aplicando y están realmente mostrando resultados importantes". En ese sentido, detalló que en el 2023 hasta esta fecha hubo 129 homicidios dolosos, "80 más de los que tenemos para esta fecha del 2024". Asimismo, presentó reparos en la implementación de la “Zona Sujeta a Investigación Especial” y pidió que en esos casos subsista operatividad provincial.

Las primeras consultas, de todos los bloques, apuntaron a conocer que se entiende por "mafias"; cómo cambiaría el ejercicio de las Fuerzas de Seguridad con estas herramientas; qué se propone para hacer un seguimiento del dinero producto de las actividades delictivas; cómo se financiaría la implementación de la ley; de qué forma impacta en las unidades penitenciarias el esquema de vigilancia; cómo se podrían instrumentar a nivel nacional una experiencia anclada santafesina; y qué rol tiene el puerto santafesino. El académico Marcelo Aebi también incorporó un comentario: "El proyecto de ley parece enfocarse principalmente en los aspectos represivos y de investigación del crimen organizado, con un menos énfasis en prevención".

Diputados debate reforma del Código Penal

En uno de los momentos más expresivos de su alocución, Maximiliano Pullaro criticó el uso de teléfonos celulares y las visitas a las unidades penitenciarias, que son restringidas con pocas excepciones distritales y prohibidas en las cárceles de máxima de seguridad santafesinas: "Las personas están prácticamente incomunicadas con el afuera, pero si fuera por mí al menos a 500 presos no les permito ni la visita conyugal ni el acercamiento familiar. Que no hable con nadie, ni con los guardiacárcel, porque a esos tipos, que son psicópatas, les dejas una ventaja y te mandan a matar".

Maximiliano Pullaro Santa Fe Diputados
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, en el plenario de comisiones en Diputados.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, en el plenario de comisiones en Diputados.

De todas formas, reconoció que "la fuga de presos tiene que ver con la falta de obra pública carcelaria, que no se hizo en los últimos cuatro años. Las cárceles están abarrotadas de presos y las comisarías también". "Si no hay previsión de la cantidad de presos que van a haber en las provincias o en el sistema federal, la verdad es que va a pasar esto en algún momento", consideró y pidió que "los Estados nos tenemos que sacar el prejuicio de hacer obra pública penitenciaria. "No llegamos a generar plazas al ritmo que se generan presos", agregó el ministro provincial Cococcioni, quien solicitó la reforma de la Ley de Ejecución Penal para incluir la carátula de detenidos de alto perfil.

Asimismo, Pullaro expresó que "existe un problema logístico" en el ingreso de alimentos de los familiares para los detenidos porque no se pueden revisar y, en contrapartida, celebró que en este momento se implementan en una unidad santafesina "requisas intrusivas" de zonas genitales de las personas que visitan a sus allegados detenidos. Luego admitió que "han habido niveles de corrupción importantes y graves dentro de la policía y el Servicio Penitenciario en mi provincia".

En referencia a la ayuda nacional, el gobernador de Santa Fe planteó que "nosotros pasamos por momentos muy complejos en los primeros días del mes de marzo y tuvimos el acompañamiento muy fuerte del Gobierno nacional. Estuvieron presentes los ministros Bullrich, Petri y Cúneo Libarona respaldando las políticas que se llevaban adelante y colaborando con fuerzas federales". "No sólo fue el Gobierno nacional sino que estuvieron los gobernadores provinciales, como Axel Kicillof con quien firmamos la semana pasada un convenio de inteligencia".

Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado

El Mensaje 0015/2024 presentado el 15 de abril de 2024 avanza en un proyecto de ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado, que establece una pena de entre 8 y 20 años de prisión o reclusión por la "mera pertenencia a la asociación" delictiva. Asimismo, se fortalecen las facultades de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

Germán Martínez Ramiro Gutiérrez Diputados
Germán Martínez y Ramiro Gutiérrez, diputados de Unión por la Patria.

Germán Martínez y Ramiro Gutiérrez, diputados de Unión por la Patria.

Como principal parámetro, se delimita la aplicación del proyecto a determinados tipos penales, siempre que "estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal": tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.

Otras de las herramientas que se proponen tiene que ver con la incorporación del concepto de “Zona Sujeta a Investigación Especial”, con el objeto de establecer mecanismos de actuación más rápido en un territorio que se considere prioritario. Para apuntar al patrimonio de las organizaciones criminales, se contempla la "extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades".

El concepto de organización criminal contempla la comisión de delitos descriptas, cuando algún hecho criminal "tiene por fin asegurar el control de un territorio" y cuando "los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos". Sin embargo, se agrega un ítem más ambiguo: cuando "estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional", dando paso a considerar asociación ilícita un hecho vandálico.

En ese marco, las Fuerzas Policiales están facultadas a detener a una persona hasta por 48 horas para realizar averiguaciones, a la incautación de mercadería, a realización de requisas en establecimientos penitenciarios, a la inmovilización de activos y a la intercepción de "llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación".

Registro Nacional de Datos Genéticos

El Mensaje 0017/2024 presentado el 15 de abril de 2024 propone modificar la Ley 26.879 para la creación del Registro nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la Integridad Sexual. En ese marco y "a través de un software especializado", se busca incrementar la base de datos de identificación genética a todas las personas que son investigadas por la justicia penal o bien que ingresen en la órbita del Servicio Penitenciario Federal.

Comisiones Legislación Penal Seguridad Interior
Plenario de comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal.

Plenario de comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal.

A su vez, se reglamenta que "los datos serán removidos cuando la persona imputada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada".

Además se contempla la posibilidad de inclusión del material genético que, voluntariamente, aporten los familiares de una persona desaparecida y la creación de Comisión Nacional de Huellas Genéticas a los efectos de coordinar el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal.

En simultáneo, y entre las reformas del Estado que propone la ley Bases que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se encuentra en debate en el Senado, el Gobierno puede concretar el cierre del Banco Nacional de Datos Genéticos, el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina.

Dejá tu comentario

Te puede interesar