Discapacidad: señales del Gobierno para implementar la emergencia

“Estamos trabajando sobre la ley”, afirman. Nuevos despidos en ANDIS y sospechas por destino de créditos millonarios.

Hay expectativa en que se destraben fondos para ANDIS.

Luego del escándalo por el presunto pago de coimas y mientras el Gobierno intenta hacer pie tras la derrota electoral, la oposición y todo el colectivo de discapacidad presionan para que el Ejecutivo implemente la ley de emergencia ratificada por el Congreso.

Este miércoles, autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se reunieron con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). “Estamos trabajando sobre la ley”, dijo el interventor Alejandro Vilches en el encuentro. Los prestadores reclamaron la convocatoria urgente del directorio de prestaciones para definir los nuevos valores de los aranceles, en base a la nueva ley.

Si bien el oficialismo hizo trascender ayer que intentaría judicializar el rechazo al veto presidencial, un puente de diálogo entre quienes promovieron la iniciativa y la jefatura de Gabinete -que tuvo lugar en las últimas horas- da cuenta de lo contrario. Quienes participaron de esas charlas informales señalaron a Ámbito que tienen una cuota de expectativa en que el Ejecutivo dé el primer paso esta semana. Esto es, que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firme la compensación de la partida presupuestaria para la ANDIS, según lo estableció la ley de emergencia.

En paralelo, según pudo saber Ámbito, esta mañana Vilches les dijo a los prestadores en una reunión del CONFEDIS que ya están trabajando en la implementación de la ley.

El mecanismo es el siguiente: jefatura de Gabinete envía los recursos y la ANDIS los ejecuta. Sin aumento del presupuesto de la Agencia, no se puede actualizar la escala de aranceles para las prestaciones del plan Incluir Salud. Entre ellas, terapias, transporte, talleres, centros educativos y terapéuticos, etc.

Una vez que se gire el dinero, la ANDIS quedaría en condiciones de actualizar formalmente el nomenclador. Para eso debe mirar los valores de diciembre de 2023 y ajustarlos por inflación al día de hoy. Luego, según la ley, cada mes se actualizarán automáticamente por IPC. Dependiendo de cada prestación, los aumentos deberían rondar entre el 50% y el 70%.

Auditorías

Si bien se aprobó la ley de emergencia que establece una modificación en el mecanismo de auditorías de los beneficiarios de las pensiones no contributivas, desde el colectivo de discapacidad advierten que siguen llegando cartas documento. Se cree que las convocatorias fueron hechas antes del rechazo al veto, por lo que la recomendación es que quienes fueron notificados se presenten a las auditorías para evitar una quita intempestiva del beneficio.

Sin embargo, de aquellos diálogos informales también surgió la expectativa respecto de la reposición de al menos 90.000 pensiones, sobre un total de 110.000 que fueron dadas de baja. Se trata de los casos en los que las notificaciones nunca llegaron. Es que en la ANDIS saben que podrían llover los juicios por estos recortes arbitrarios y bajo sospecha de irregularidades.

Al mismo tiempo, Vilches advirtió en la reunión del COFESI de hoy que continuarán auditando y que darán de baja a quienes consideren, lo que despertó la alerta de los prestadores, quienes, por otra parte, también están siendo auditados.

Los prestadores advierten que la ley de emergencia estableció una nueva ingeniería para las auditorías. Ya no deben realizarse sobre todos los beneficiarios a los que se les invirtió la carga de la prueba y debieron demostrar nuevamente su discapacidad, sino que la Agencia debe diseñar un plan específico en aquellos lugares donde se detecten problemas. Debe ser focalizada.

Además, desde las organizaciones reclaman que el proceso se realice a la inversa, es decir, que el auditor sea el que visite a la persona con discapacidad y no al revés. El objetivo es evitarle el gasto económico y el esfuerzo físico que le significa trasladarse a una persona con discapacidad y su familia.

Nuevos despidos

Una serie de chats en los que se revela un presunto mecanismo de premios con el pago de horas extra y compensatorios a empleados que dieran de baja una determinada cantidad de pensiones por día fue revelado recientemente por Argenzuela. Según los mensajes, el objetivo era llegar a las 1.000 bajas por día, para alcanzar la cifra de 600.000 pensiones menos a fin de año.

El escándalo tuvo su impacto en las últimas horas con el envío de más de veinte telegramas de despidos en el área de pensiones de la sucursal Hipólito Irigoyen 1439 de CABA. Las notificaciones de desvinculación fueron 26 en total y llegaron el día martes. Este miércoles no hubo reportes de nuevas notificaciones.

Créditos millonarios

En tanto, el Congreso puso la mira en dos créditos millonarios destinados a la ANDIS de los cuáles se desconoce su destino. Uno es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 400 millones de dólares y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) de más de 200 millones de dólares.

Miguel Ángel Pichetto anunció en X las medidas de la comisión que él preside en ese sentido: “En la reunión de la Bicameral Revisora de Cuentas del día de hoy, se dio curso a los pedidos de auditorías de distintos legisladores sobre ANDIS y ANMAT. Se abordó con gran preocupación la subejecución y destino de los fondos provenientes de los préstamos BID, pese a la importancia institucional del tema, el presidente del Banco no accedió a una reunión con las autoridades de la comisión que presido. En este sentido, vamos a citar a la comisión al representante argentino en el BID y solicitaremos información al ministro Caputo”.

En paralelo, la Comisión de Discapacidad de Diputados, presidida por Daniel Arroyo se comprometió a hacer un seguimiento del cumplimiento de la ley de emergencia por parte del gobierno de Milei. Mientras tanto, avanzó en un proyecto para reformar la ANDIS y en una iniciativa para la concientización sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA).