Una resolución de la ministra de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Cerruti, le quitó una pensión como veterano de guerra al periodista Nicolás Kasanzew de $ 400,50 mensuales. Ese beneficio se lo había extendido la administración de Aníbal Ibarra a pedido del ex cronista de la entonces ATC de la Guerra de Malvinas, amparado por la ley del Congreso que equiparó a los periodistas y civiles de servicios de apoyo bélico con los combatientes en ese conflicto.
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Según Cerruti -que no sabe seguramente qué es una guerra-, el desempeño de Kasanzew fue voluntario porque nadie lo obligó a ser cronista periodístico. Además, argumenta en la Resolución, que tiene fecha 27 de marzo, que «en su carácter de periodista contribuyó a la propaganda de la dictadura militar engañando a la sociedad argentina acerca de los avances de la guerra».
Kasanzew tiene otra pensión nacional amparado en la ley del Congreso que las equiparó y en una presentación que hará a las autoridades argumentará que ha sido víctima de una discriminación porque es la única persona a la que le ha sido retirado el beneficio.
Seguramente este reclamo obligará a la funcionaria a explicar qué entiende por propaganda de guerra, qué antecedentes similares estudió para tomar esa medida, cuál cree debió ser, según su gusto, la cobertura periodística adecuada de esa guerra y qué planes tiene desde su cartera para los otros combatientes, estrategas o cronistas de esa guerra.
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