Discuten superpoderes en Senado. Surgen más trabas

Jorge Capitanich

La discusión esta semana del proyecto que modifica la Ley de Administración Financiera y permite a perpetuidad al jefe de Gabinete modificar partidas del Presupuesto Nacional y cambiar el destino del gasto tendrá dos momentos clave y casi un único argumento de debate. Los cruces entre oposición y oficialismo se darán hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando se inicie el debate formal del proyecto, y mañana en el recinto cuando el jefe de Gabinete concurra a dar su informe mensual, que no brinda desde 2004.

El tema sobre el que girará la pelea es obvio: el gobierno defenderá su nueva ley de «superpoderes», como no le gusta llamarla, atacando la delegación de facultades que el Congreso hizo en favor de Fernando de la Rúa -en la práctica fue a Domingo Cavallo- en medio de la crisis de 2001. El radicalismo responderá que ni esas facultades, ni la situación del país en ese momento pueden compararse con las de 2006 (ver aparte).

Todo girará en torno al poder que el gobierno pretende retener no sólo para modificar el destino de partidas, sino para poder ejecutar fondos destinados a gasto de capital como gasto corriente y limitar el rol del Congreso a fijar el monto total del Presupuesto de cada año. Todo esto sin sujetarse a la Ley de Responsabilidad Fiscal -que lo prohíbe en su artículo 15- y directamente eliminando para siempre la restricción en la Ley de Administración Financiera.

Para la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada por el chaqueño Jorge Capitanich para hoy no estaba previsto el tratamiento del proyecto sobre las facultades especiales para modificar el Presupuesto.

Aunque el tema sería planteado en el momento de iniciar la reunión ya que la iniciativa del gobierno recién fue girada ayer a esa comisión. La pelea, de ser así, comenzará a las 15 en el auditorio del Senado.

Dictamen

De todas formas, la velocidad del oficialismo será suficiente como para emitir dictamen. No porque el bloque PJ necesite demasiado tiempo para analizarlo, sino porque, aunque resulte extraño en estas épocas, hay senadores del propio oficialismo que no están convencidos de otorgar semejante delegación permanente.

El primero en anticipar ayer cierta reticencia fue el peronista salteño Marcelo López Arias: «Estoy sorprendido por el ingreso de este proyecto al Congreso, no teníamos idea. Yo estoy convencido de que en esta etapa en que estamos superando la emergencia, es imprescindible que la Argentina, para ser un país moderno, vaya recuperando las facultades de los tres poderes del Estado». Para la Casa Rosada una afirmación así equivale a un conato de rebeldía. Ninguno pide que se llegue a ratificar que los cambios al Presupuesto se realicen por ley, una rareza histórica en la Argentina que sólo se dio por la Ley 24.907 con la que Carlos Menem amplió el Presupuesto 1997, pero sí al menos que se instaure un sistema por el cual el Congreso no ceda la mayoría de sus poderes.

Pero ése no es el único indicio de la incomodidad que le provoca a los senadores oficialistas -los opositores, obviamente, la rechazan de plano- esta nueva delegación de facultades. Anoche algunos senadores del bloque que preside Pichetto recopilaban en silencio y en la intimidad antecedentes sobre la forma en que se manejan en las provincias esas facultades para modificar el destino de partidas presupuestarias.

Se buscó también un proyecto que había presentado este mismo año el peronista santafesino Oscar Lamberto en Diputados, que establecía un sistema para solucionar los conflictos que normalmente existen ante la necesidad de introducir cambios en el Presupuesto desde el Poder Ejecutivo. Lamberto había propuesto que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas analizara cada decisión administrativa del jefe de Gabinete para aprobarla o rechazarla, sin siquiera pasarla a los recintos, dándoles al menos un marco legal a esas decisiones.