Casal dictaminó que DNU es inconstitucional pero la moneda está en el aire

Política

Al filo de los plazos, la Corte tiene definición final. Para Procuración no fue justificado el cierre de las escuelas. Debió haber legislado el Congreso.

El dictamen de la Procuración General ingresó a la Corte Suprema a las 17.20 después de una jornada cargada de rumores acerca de su presentación. Casi en paralelo a la respuesta del Gobierno de la Ciudad que en el caso “Autonomía” volvió a reiterar los criterios que plasmó en la demanda contra el DNU de Alberto Fernández. Esta vez no firmó la procuradora ante el máximo Tribunal Laura Monti, sino el propio Casal estampó su firma electrónica dictaminando que el decreto presidencial que impuso restricciones y suspendió las clases presenciales en la región AMBA es inconstitucional en este punto, y que no estuvo correctamente fundado el motivo por el cual fijó esos parámetros para la Ciudad Autónoma. Con estas dos contestaciones de rigor que había ordenado, la Corte quedó en posición de decidir el pleito. El silencio de radio sobre el cómo y el cuándo es absoluto. Los bordes de la autonomía porteña a nivel jurídico están en juego y si eso tiene prevalencia sobre la emergencia sanitaria sobre la que el Gobierno impuso con fuerza de ley su DNU. También influye quién ha sabido exponer su caso, y quién ha mostrado los números más fidedignos en términos epidemiológicos y de circulación. En este caso, pasan a ser un dato judicial más.

Dos datos extrajudiciales completan una postal donde la moneda está en el aire para el fallo final: todas las partes entregaron al filo sus escritos (de los plazos pero también de la vigencia del DNU cuestionado; se retomó el diálogo político entre el Gobierno y Horacio Rodríguez Larreta con el criterio que nunca se debió haber abandonado. ¿Puede haber abonado a ese clima la ausencia de certezas de ambas partes en el resultado? Existe esa posibilidad. De fondo, el espíritu mayoritario de la Corte es escaparse de la grieta. Ese es asunto de los poderes representativos. Los proyectos de voto son amplios y como viene adviertiendo Ámbito, incluye un menú con muchas más opciones que las visibles.

Para Casal “los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”.

De acuerdo al dictamen no vinculante de 46 carillas, “no ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región”, afirmó el procurador, que ingresó a dar por acreditados los números de Ciudad. El procurador interino señaló que la orden dictada en el DNU N° 241 “a la que la actora (la Ciudad) atribuye ilegitimidad y lesión al régimen de autonomía de la Ciudad, representa una conducta explícita de la demandada, con entidad suficiente para sumir a la peticionante en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica”, indicó respecto a la autonomía porteña. Sobre el mismo punto aseguró que “las obligaciones que atañen a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación”, y en “la dinámica de la distribución de competencias en el campo de la salud, entre ambas jurisdicciones (Estado Nacional, por un lado, y provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el otro), la tendencia que prevalece es el abandono de la técnica de la separación absoluta de aquéllas entre el Estado central y sus miembros -sus competencias exclusivas-, para afianzar el esquema de las compartidas o concurrentes”. Esa última parece ser la palabra clave.

La salud para el AMBA, “cuando existen razones de emergencia como las que se viven actualmente debido a la pandemia y la posibilidad de mayor transmisión del virus covid-19 por motivos fácticos, tales como el uso del transporte entre jurisdicciones y la misma forma de propagación del virus, que no reconoce fronteras territoriales, lo que conduce a que sea el Estado Nacional el competente para regular la materia en cuestión en estas circunstancias, de tal modo que no se viola por ello la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que conserva su competencia concurrente en materia de salud en lo que se limita a su jurisdicción y no tiene efectos más allá de ella”. Pero -y es la inconstitucionalidad señalada- es el Congreso el que debe intervenir para tomar esa decisión por “el principio que organiza el funcionamiento del estatuto del poder es la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994”, indicó el procurador.

Hoy será un día cargado de tensión tanto en el frente político como en el judicial, donde estarán unos mirándose a otros.

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