Duhalde acusó a la Policía ante Solá

Eduardo Duhalde recibió un primer informe de Alfredo Atanasof, a las 16: «Me acaban de entregar una secuencia fotográfica, que combina distintas tomas sacadas de los diarios de hoy (por ayer), en la que aparece bastante claramente que en la estación de Avellaneda, se acribilló a uno de los piqueteros. A pesar de que la Policía dice que lo encontró muerto» informó el jefe de Gabinete. «¿Tenés ese material?» le preguntó Duhalde. «Sí, lo maneja un par de colaboradores míos» dijo Atanasof y convocó al despacho del Presidente, en Olivos, a dos funcionarios de la Jefatura, encabezados por su vocero Diego Mandelbaum, que habían estado en contacto con esos registros. Sobre la mesa presidencial se dispusieron las tomas: había fotos de varios diarios, encabezadas por una de «Clarín» en la que aparece, borrosa, la figura todavía de pie de uno de los piqueteros muertos, Darío Santillán. Duhalde quiso tener más elementos de juicio y por eso llamó a Juan José Alvarez. El secretario de Seguridad vio las mismas imágenes y confirmó la información con datos de la Policía Federal. Entonces el Presidente se comunicó con Felipe Solá para informarlo de la versión que se estaba configurando en ese momento: «Parece que fue la Policía, Felipe. Tenés que ver las fotos».

Solá se hizo del material y de inmediato ordenó el pase a disponibilidad «bajo arresto preventivo» del jefe del procedimiento, el comisario inspector Alfredo Franchiotti, y de los policías que actuaron en los incidentes de Avellaneda. Después el gobernador justificó la decisión de esta manera: «La versión que me dio el comisario y que le dio en 'off the record' a un grupo de periodistas en La Plata, fue que ellos oyeron muchos tiros de bala mientras avanzaban. Me dijo que al llegar a la estación Avellaneda del ferrocarril se encontró con una persona en el suelo que resultó ser Santillán «quien le dijo que tenía un balazo en la espalda». Sigue Solá: «Imagínese mi sorpresa cuando alguien me advirtió la cuestión de las fotos, y la posibilidad de que cuando entrara la Policía a la estación de Avellaneda, Santillán estaba vivo y aparece parado, aunque borrosamente, porque después es uno de los muertos.» Duhalde se mantuvo hasta la medianoche, en Olivos, analizando con Atanasof y Alvarez el giro que tomaba la interpretación de los hechos a partir de los nuevos datos.

Sin embargo la imputación a la Policía por una de las muertes -la otra, de Maximiliano Costequi, se sigue investigando- no modificó el encuadre político que le dio el gobierno ayer al caso y que se puede reconstruir de la siguiente manera:

• Por la tarde se reunieron el ministro del Interior, Jorge Matzkin, el de Justicia, Jorge Vanossi y el secretario de Seguridad Alvarez, para formular una acusación formal, jurídica, contra los piqueteros que actuaron el miércoles. La idea que sostiene esa acusación es que los hechos ocurridos en Avellaneda no se circunscriben a un desarreglo penal sino que integran un plan político, por el cual los piqueteros pretenden afectar el régimen democrático y reemplazar al gobierno. Es lo que en el gabinete nacional circuló ayer como «teoría del complot» y que satisface un deseo principal de Duhalde: que la actividad de los piqueteros no sea vista como una protesta social sino como una operación política, golpista, contra él.

• Durante ese encuentro Alvarez comentó la peculiar dificultad que plantea el control de manifestaciones políticas por parte de algunos sectores del movimiento piquetero: «Normalmente la Policía combina con los cabecillas o líderes de una concentración cómo va a ser la lógica de todo. Se acuerda el lugar, el tiempo que durará, se establecen códigos para que no rompan vidrieras o violenten la propiedad de otra manera. Con este tipo de piqueteros como los de ayer (por el miércoles) es imposible marcar esa cancha. No hay diálogo y está visto que fueron a enfrentarse con la Policía».

• La otra línea de interpretación que siguió ayer el oficialismo, elaborada en la reunión de gabinete del miércoles por la tarde y en reuniones de funcionarios ayer por la mañana, es la del carácter intrínsecamente violento de la protesta. La hipótesis principal del duhaldismo es que sólo si «se tocan los dos cables pelados» de la marginalidad social y el descontento de los ahorristas se puede producir un cortocircuito político difícil de dominar. Por eso, además de alertar públicamente a través de Matzkin sobre la posibilidad -real, sin duda- de altercados en la manifestación de ayer, la Casa Rosada se dedicó especialmente a detectar qué tipo de participación tenía en la protesta la oposición de clase media.

• Hubo en este sentido dos datos alentadores. Ni el ARI de Lilita Carrió ni el peronismo pasablemente izquierdista de Néstor Kirchner fueron a la Plaza de Mayo. Carrió se movió con una táctica zigzagueante: convocó a la concentración el miércoles por la noche, pero ayer ella misma prefirió irse de la ciudad, con la excusa de una reunión partidaria que tenía en Rosario, donde pasó el día. Kirchner no se asomó al conflicto. Atanasof agregó una jugada más a la estrategia oficial: ubicar públicamente en la vereda de enfrente a Luis Zamora, al acusarlo de ser un «infame oportunista» por haber denunciado que se sabía «que todo esto iba a ocurrir». «¿Por qué entonces no lo denunció?» se preguntó el jefe de Gabinete, llevando los reflectores hacia el diputado trotskista y eclipsando a Carrió como contradictora.

• Desconectada la protesta de los piqueteros del malestar de la clase media, los funcionarios se preocuparon también por detectar movimientos en el interior, es decir, por controlar si la revuelta porteña se articulaba con operaciones en las provincias. Se tranquilizaron por un momento al advertir que ayer sólo hubo un corte de ruta en Alta Gracia.

• Más allá del juego político en torno a la protesta y su represión, un sector del gobierno -alentado por algunos jefes de fuerzas de Seguridad- creen que Duhalde podría aprovechar los hechos de Avellaneda para abrir un capítulo en favor de la seguridad urbana. En dos despachos de la Casa Rosada figura un programa completo para reducir la cantidad de armas de fuego que se esconden en manos de particulares, sobre todo entre militantes de los movimientos de desocupados con sedes en el conurbano o en barrios humildes y villas de la Capital.