El gobierno no parece dispuesto a cargar con la responsabilidad de las dos muertes ocurridas el miércoles en Avellaneda. Eduardo Duhalde impartió ayer «una orden terminante» a los investigadores de los incidentes entre policías y piqueteros en los accesos del Puente Pueyrredón, que es la de «saber cuanto antes quién está detrás de esto», señaló el jefe del Gabinete de ministros Alfredo Atanasof. Preguntas recurrentes sin respuesta que se formulaban ayer los organismos de inteligencia del gobierno: ¿De dónde viene ésto?; ¿quién ordenó reprimir?; ¿quién se beneficia? En la misma línea, la Justicia ordenó el secuestro de las armas policiales que se encontraban en Avellaneda durante los disturbios.
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En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Atanasof dijo que «hay muchas hipótesis» explicando el enfrentamiento, y que campea además «la idea de que estos hechos nunca se esclarecen». Sostuvo que «no está en juego la suerte de un gobierno ni de un puñado de funcionarios» como consecuencia de los hechos, sino que en el marco de «la crisis más profunda de la historia contemporánea de la Argentina», el país «no soporta más violencia».
«Por el contrario, la pacificación es una condición necesaria para superar la crisis», dijo Atanasof, quien señaló que se observa claramente «un factor común» en los mensajes y las comunicaciones de la gente con los medios, que es «el repudio absoluto a estas manifestaciones de la violencia irracional». Agregó que «todos hemos visto imágenes de encapuchados con armas, palos, piedras, atacando a la Policía, a viviendas y atacando también negocios, y vimos a muchos vecinos que veían con verdadero terror cómo se destrozaban sus bienes y cómo corrían peligro sus vidas», dijo el funcionario.
Recordó que la semana pasada, ante la convocatoria a una marcha a la Plaza de Mayo, pidió «prudencia y responsabilidad» a los dirigentes políticos y a los líderes de los piqueteros para que «no entorpecieran el normal desplazamiento de la gente que necesita trabajar». «El caos sólo favorece a los violentos y a los conspiradores, mientras que la paz es el ámbito en que podemos construir entre todos la salida de la crisis argentina», afirmó. Destacó que esas advertencias «se basaban en que grupos violentos buscarían generar violencia amparándose en reclamos legítimos de millones de argentinos que piden trabajo y garantizar los derechos humanos básicos», lo cual «lamentablemente ocurrió ayer».
Mientras tanto las armas de al menos, 120 policías bonaerenses que participaron de los incidentes ocurridos en Avellaneda, fueron secuestradas ayer para ser peritadas y determinar si de alguna de ellas salieron los disparos que mataron a dos piqueteros, informaron fuentes de la investigación. El juzgado federal de Lomas de Zamora dispuso el secuestro del armamento de los policías del Cuerpo de Infantería, del Grupo Marea Azul, del Comando Patrullas y de la Comisaría 1ª de Avellaneda que participaron del desalojo del Puente Pueyrredón. Además, de cada arma deberá hacerse un disparo testigo, dijo una fuente del caso.
Por su parte la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso enviar instructores de su Policía Judicial para que investigue los hechos de violencia, donde resultaron muertos dos piqueteros.
Voceros del órgano judicial confirmaron que «el Procurador Eduardo Matías de la Cruz enviará instructores para que colaboren con la investigación que lleva adelante la fiscalía de Lomas de Zamora». El objetivo de esta decisión es evitar que efectivos de la Policía Bonaerense se investiguen a sí mismos.
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