Duhaldistas sueñan aún con postergar elección

Todos los visitantes a Casa de Gobierno y Olivos salen luego de hablar con los estrategas del gobierno con el mismo diagnóstico: que el principal proyecto oficial sigue siendo la postergación de las elecciones. Nadie lo expresa en esos términos, salvo algún vocero, como el empresario Francisco de Narváez, quien aseguró que lo que le conviene al país es una elección de todos los cargos nacionales en octubre y que el actual presidente debería disputar un nuevo mandato. Una versión modificada de la «integral» de Ramón Puerta, propuesta para definir en las urnas todo el mismo día, pero con una diferencia, el ex presidente y hoy senador nunca respaldó una postergación de las elecciones.

Con su intervención -que obligó a desmentidos oficiales (Aníbal Fernández fue el más enfático)-, De Narváez hizo su ingreso en los grandes debates. Pensó en argumentar sobre esa idea en varias solicitadas en diarios del fin de semana, pero consultó con algunos asesores de su Fundación Unidos del Sur y, quizás, al conocer las condiciones a que lo expondría tal vehículo, dio de baja la campaña.

La transparencia de De Narváez en transmitir esa idea del gobierno que él apoya conmovió a los contertulios del empresario, Juan Carlos Mazzón y José Pampuro. Estos asesores de Duhalde -lastimados por la querella Kirchner-Toma, de quien son también mandatarios-imaginaron que la afición de De Narváez por apoyar al gobierno -a éste o a otros, en una actitud patriótica-serviría al «candidato natural», es decir, al santacruceño.

Nunca llegaron a entrevistarse, pese a que los intermediarios les habían puesto día y hora para la cita. Kirchner y De Narváez hicieron decir que, en realidad, piensan distinto en todos los temas.

•Búsqueda de atajos

Pero la intención de postergar la elección sigue pesando como el principal proyecto oficial del duhaldismo. A cada uno de quienes entran en Casa de Gobierno lo atracan Mazzón y Pampuro y le exponen la necesidad de encontrar algún atajo para demorar los comicios de abril. Lo escucharon todos los visitantes que el jueves por la tarde estuvieron en el área presidencial: entre otros, un ex presidente, un jefe de Junta Electoral del PJ y un gobernador. Salieron callados, pero después de rechazar que fuera viable instalar ese tema desde el gobierno.

Citan, para oponerse a esa idea, la respuesta que dio Eduardo Duhalde en Santo Domingo a Hipólito Mejía, cuando el presidente de la República Dominicana le preguntó por qué no se presentaba a elecciones. «Porque he dado mi palabra de que me voy y tengo que cumplir.» Un ministro de los más productivos que tiene Duhalde lo miró desde sus bigotes y le dijo con arrastrado tono bonaerense: «Por favor, 'Negro', vos que prometiste devolver dólares, después de eso, podés hacer cualquier cosa». Igual conservó el cargo.

Pero esas intenciones no cuajan todavía en proyecto alguno. Los operadores judiciales del gobierno ya descartan que la Justicia le dé la razón en Cámara al reclamo de Ricardo Monner Sans de que el llamado para el 27 de abril (y la nueva Ley de Acefalía) sea declarado inconstitucional.

La principal razón es que María Servini de Cubría basó su rechazo a esa demanda en argumentos de la Cámara Nacional Electoral, que en un fallo plenario sostuvo que no se deben declarar inconstitucionalidades de forma genérica, salvo que haya un interés personal lesionado. Descarta el gobierno que, con el tema elecciones, la Cámara repetirá esa doctrina cuando falle el recurso de alzada elevado por Monner Sans y que Servini concedió. Lo contrario sería -para alegría del gobierno-que un fiscal de Cámara asumiese la personería que Servini le negó a Monner Sans y que la Cámara le diera la razón.

A esta jueza se le escuchó decir, además, que a esta elección la puede voltear la Corte -más bien, la Cámara, porque la Corte no tendrá tiempo-o el Congreso, pero nunca un juez. Pese a tan duro dictamen, algunos escuderos del gobierno se han lanzado a la búsqueda de algún juez federal del interior que se anime a respaldar la ilegalidad del 27 de abril.

Nadie quiere confesar cómo se está haciendo esa gestión, pero hay una pista: algunos sindicalistas del ala de los «gordos» llaman a gobernadores amigos del gobierno para tantear sus relaciones con jueces que tienen las defensas bajas y ver si se puede presentar algún escrito para postergar las elecciones.

En esas charlas de palacio se ha estudiado otro expediente más audaz, pero para el cual -se admite-no hay tiempo ni oxígeno político. Que los clásicos voceros del duhaldismo -tipo Antonio Cafiero o Lorenzo Pepe-salgan a argumentar que permitir que el PJ vaya dividido es un suicidio, que puede tener repercusiones institucionales por el tamaño del partido. Implica reconocer, en suma, que ha sido un error aprobar el neolema por el que el Congreso tiene que parar ese dislate. Algo así como que su jefe se equivocó y que hace falta el parche, es decir, una ley que postergue el 27 de abril y permita que Duhalde, quizás en octubre, pueda armar su candidatura.