El Congreso convirtió en ley la prórroga de ejecuciones hipotecarias

El Congreso convirtió hoy en ley el proyecto que suspende otra vez por 90 días los remates y desalojos de los deudores hipotecarios que pidieron un crédito de hasta 100 mil pesos para adquirir una vivienda única para uso familiar.

En tiempo récord, el Senado aprobó la norma al mediodía, y cuatros horas después, la Cámara de Diputados la convirtió en ley.

La iniciativa alcanza a los casi 14 mil deudores hipotecarios que adhirieron a la ley 25.798, que creó un Fondo Fiduciario en el Banco Nación para auxiliar a los deudores no bancarios.

No obstante, la propuesta no logró frenar los remates, a raíz de que algunos jueces declararon inconstitucional la norma, e incluso, invalidaron los sucesivos aplazamientos que aprobó el Congreso.

La urgencia del Parlamento en aprobar la norma tiene su origen en la última prórroga por 120 días que aprobó el Congreso el 4 de noviembre del 2005, que se venció el último sábado.

En este sentido, la ley es retroactiva al 4 de diciembre pasado e incluye un artículo que la declara de Orden Público, enmarcada en la ley 25.561 -de Emergencia Publica y de Reforma del Régimen Cambiario--.

En la Cámara alta, abrió el debate el justicialista Nicolás Fernández (Santa Cruz), titular de la Comisión de Legislación General, quien cargó contra los magistrados que fallaron en contra de la ley "salvavidas" para los deudores con orden de remate judicial.

"La ley que declaró inconstitucional algunos magistrados esta en absoluta sintonía con la Constitución Nacional y la Corte Suprema de Justicia", aclaró el legislador, al mandar un mensaje a algunos integrantes del Poder Judicial.

Al igual que Fernández, el jefe del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto (Río Negro), también cuestionó al Poder Judicial, y advirtió que habría que "evaluar la conducta" de algunos jueces inferiores en el Consejo de la Magistratura.

"Hay magistrados que no pueden hacer cualquier cosa", enfatizó y agregó que algunos jueces "viven en una verdadera burbuja".

Tampoco dejo afuera de su discurso crítico a la Corte Suprema de Justicia, a quien le reclamó que "resuelva el tema de la pesificación".

La norma que suspende por tres meses de las ejecuciones se redactó sobre la base de un proyecto más amplio que giró al Congreso el Poder Ejecutivo el último jueves, que luego sufrió un recorte.

Es que el proyecto original diseñado por el Gobierno --y luego descartado por los legisladores-- incluía un artículo que obligaba al deudor y al acreedor a concurrir a una audiencia de conciliación para intentar acordar una nueva oferta de pago, bajo la teoría del esfuerzo compartido.

Así, el Congreso dejó para otra oportunidad, una vez más, el debate de fondo sobre la problemática de los deudores hipotecarios que tomaron créditos en dolares en entidades no bancarias antes del 2001.

En están dirección, el legislador Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe) le reclamó al Poder Ejecutivo abone a los acreedores, mediante el Fondo Fiduciario, la deuda de los morosos: "No encuentro otra solución", se sinceró.

De igual forma, opinó el radical Gerardo Morales (Jujuy), quien además pidió volver a abrir el registro del Fondo Fiduciario para que se anoten los deudores hipotecarios que no lo hicieron antes, cuestión que aceptada por el oficialismo.

Luego, Diputados rubricó lo aprobado por el Senado, convirtiendo en ley el proyecto, que ahora deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.