El Consejo de la Magistratura volvió a la actividad y fijó fecha para nuevo plenario

Este miércoles, el Consejo se reunió para delinear un plan de trabajo para los próximos meses, en su intento de alivianar tensiones entre los sectores de la Justicia y la política. Los acuerdos que deberán lograr en el marco del año electoral y la fecha del nuevo plenario.

El Consejo de la Magistratura retomó su actividad este miércoles, con la primera reunión de labor del año, tras casi nueve meses de parálisis. El encuentro entre los representantes de los sectores de jueces, abogados y legisladores, arrancó alrededor de las 9:30 en el salón de plenarios.

Foto: Prensa Consejo de la Magistratura

Consejo de la Magistratura: volvió la actividad después de casi 9 meses

El encuentro, abierto a los 18 consejeros, fue convocado por el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo, Horacio Rosatti. Como adelantó este diario, la situación empantanada del organismo que elige a los jueces del país, ha requerido de reuniones sucesivas entre distintos sectores para lograr acuerdos y consensos en medio de una atmósfera "tirante".

La reunión fue cerrada, exclusivamente entre los consejeros y no se permitió el ingreso ni de asesores, ni de funcionarios del Consejo.

En la reunión estuvieron presentes 18 de los 20 consejeros: el representante del sector académico Hugo Galderisi no asistió por cuestiones personales que había avisado con anterioridad y el vigésimo consejero aún no fue designado porque está judicializada la representación del senador por la segunda minoría de la Cámara alta.

Voceros del Consejo mencionaron que la reunión se desarrolló en "un clima de concordia". La Comisión de Labor resolvió la fecha para el nuevo plenario, donde se designarán otras autoridades del organismo, entre ellas el vicepresidente.

Entre los temas en agenda, se deberán poner de acuerdo para definir las comisiones, su integración y sus autoridades, como así también la vicepresidencia del organismo.

En la agenda (informalmente acordada) buscarán definir el nombre del vicepresidente y las autoridades de las cinco comisiones que tiene el Consejo: Selección de Magistrados y Escuela Judicial; Disciplina; Acusación; Administración y Financiera y Reglamentación.

En ese sentido, ya hubo reuniones entre los consejeros cercanos a la oposición y al oficialismo. Entre ellas, una que causó llamativa sorpresa, fue la de Rosatti con el consejero representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, y el consejero, expresidente y vice del organismo, el camarista Alberto Lugones.

Ignacio Petunchi

Qué pasó en la reunión de labor de este miércoles

El Consejo de la Magistratura resolvió que se volverá a sesionar en Plenario el próximo 4 de abril, después de cuatro meses de virtual inactividad a raíz del fallo de la Corte que restituyó la formación de 20 miembros y la designación de los nuevos representantes de cada estamento.

Así lo resolvió una reunión de la Comisión de Labor que sesionó esta mañana bajo la presidencia de Horacio Rosatti, quien a su vez es el titular de la Corte suprema.

El plenario del próximo 4 de abril tendrá por objetivo la designación de autoridades de cada una de las comisiones en que está dividido el trabajo del Consejo. Además, también deberá ser designado el consejero que ocupará la vicepresidencia, secundando a Rosatti.

La Comisión de Labor resolvió, además, que en lo sucesivo los Plenarios se realizarán los miércoles, con una periodicidad que fijarán los propios consejeros.

Búsqueda de acuerdos

La reunión fue reservada y de un cariz más "político que técnico", entre los consejeros y sin la presencia, en principio, de los asesores. Con un panorama de consensos más claros y de "calidez institucional", eventualmente se fijará una fecha de plenario. Esto no solamente ratificará la decisión de continuar con la actividad del trabajo (para salir de la parálisis) sino que habrá intentos de avanzar en cuestiones de fondo, sensibles para la vida del organismo.

Por ejemplo, las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo de candidatos a jueces o las denuncias contra magistrados. Además, se debe tener en cuenta el calendario electoral para 2023, que marcará también el rumbo político e institucional del Consejo.

En ese sentido, podría haber una propuesta doble: que el reparto de comisiones refleje el equilibrio de fuerzas pero que también exista un criterio de temporalidad que, según el resultado electoral, pueda recalibrarse conforme al nuevo mapa de poder que se defina a partir de diciembre de este año. Un diagrama de transición que funcione como una póliza de seguro.

Disputas

Entre las inquietudes de pasillo que sobrevolaron al mundo judicial está presente una pulseada al interior mismo de la justicia electoral, gran protagonista por el proceso que se apresta para las presidenciales. Los juzgados federales con competencia electoral, cabeceras de cada distrito en lo que refiere a la organización de las elecciones, disputan una sorda batalla con la Cámara Nacional Electoral (CNE) por la puesta en marcha de una secretaría penal en la órbita de ese tribunal, destinada a atender las derivaciones penales que puedan estar relacionadas con elecciones y partidos políticos.

La cuestión es interesante porque esa secretaría podría absorber investigaciones que suelen estar reservadas para el fuero federal respecto al financiamiento de los partidos y fondos de campaña, lo que abre un abanico múltiple que, según como se implemente, podría tener impacto en un caso como el de “cuadernos”, por ejemplo, o con investigaciones derivadas por posible lavado si están ligadas a dinero que utiliza la política. Es amplio.

La creación de la secretaría penal fue una derivación de las modificaciones introducidas en la reforma de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y las atribuciones que confiere a la CNE en su artículo 146, de 2019. El tribunal que preside Alberto Dalla Vía y segundan Santiago Corcuera y Daniel Bejas buscó ponerla en funcionamiento en 2021.

El asunto se convirtió en un problema para los jueces federales que además, suelen tener bajo sus manos la competencia penal por vía separada a la electoral y responden a sus cámaras de apelaciones, en caso de tener que investigar estos delitos que antes no necesariamente se conectaban.