El gasto político no se baja sólo con una ley

El acuerdo Nación-provincias de reducción del gasto político, que obtuvo media sanción el jueves pasado en el Senado y esta semana sería votado por Diputados, corre peligro de quedar reducido a un mero decálogo de buenas intenciones, sin efectos de ajuste real en los presupuestos (de hecho, el de 2002 adjudicó al Congreso $ 61 millones más del tope fijado por este mismo acuerdo).

Hay una cuestión de tiempo que conspira, ya que reglamentar las cláusulas podría llevar varios años. El antecedente de la reforma constitucional de '94 es el mejor ejemplo de la parsimonia legislativa: todavía no existe régimen para los decretos de necesidad y urgencia (la última semana se discutió un dictamen de Asuntos Constitucional, a casi 8 años de la convención, y no hubo unanimidad sobre si el silencio parlamentario produce la caducidad de un decreto) y tampoco se sancionó la nueva ley de coparticipación que reclama hasta el FMI.

Es decir que no se podrá cumplir, excepto que medie un milagro, con la recomendación de que esta reforma rija las elecciones del año que viene.

Pero, por si fuera poco, subsisten razones ideológicas que amenazan con desactivar el acuerdo. Salvo la habilitación de candidaturas independientes por afuera de los partidos -una concesión a los «caceroleros»- y la implementación de un sistema de preferencias que democratice las listas sábana, el grueso del pacto firmado por Eduardo Duhalde y la mayoría de los gobernadores del oficialismo y la oposición (se abstuvo de acompañar la sanluiseña Alicia Lemme) despierta resistencias en las bancadas mayoritarias, aún cuando resulte impopular que lo admitan en voz alta.

• Resistencia

Los legisladores resisten las elecciones internas y simultáneas para todos los cargos nacionales de presidente y vice hasta diputados y las limitaciones a las campañas proselitistas, puntos mencionados en reformas políticas anteriores y que duermen en comisiones del Congreso.

De hecho, en la Cámara alta el jueves se pronunciaron por la negativa los peronistas Jorge Yoma (La Rioja) y Liliana Negre de Alonso (San Luis), así como el principal aliado extramuros del gobierno, Raúl Alfonsín, quien criticó una por una las disposiciones del pacto.

El riojano opina que se trata de un proyecto impracticable, «sin sentido», y que afianza el poder feudal de los caciques del interior al fijar la gratuidad de los concejales, lo cual podría derivar en que trabajen de ediles quienes cobran por debajo de la mesa de las gobernaciones. No obstante, defiende el espíritu de la iniciativa -ajustar la política-y alienta un par de propuestas de su autoría que servirán para materializarla.

Por un lado, auspicia la incorporación del sistema de preferencias en las boletas, gracias a la cual cada votante decide el orden de los postulantes y, en consecuencia, selecciona quién puede ocupar cargos.

Por el otro, ya imaginó la forma en que se franqueará a ciudadanos sin filiación partidaria a presentar nominación en comicios: en principio, bastaría con eliminar la palabra «exclusividad» de la ley de partidos políticos y, acto seguido, se establecen los requisitos exigidos para competir con los pretendientes tradicionales, por caso, mínimo de avales.

Juan Carlos Maqueda (PJ-Córdoba), al igual que su colega de La Rioja, redactó un completo paquete de leyes de reforma política que incluyen no sólo las preferencias - le agregó las tachas (es decir, la posibilidad de suprimir candidatos no deseados en el cuarto oscuro)- y la habilitación de aspirantes independientes, sino también la reducción de bancas en la Cámara baja.

• Amputación

Este aspecto, que figura entre los puntos centrales del acuerdo federal con una amputación de 25 por ciento de puestos (quedarían alrededor de 193 sobre 257 actuales), sólo podría ser debatido a instancias de los mismos diputados, a pesar de que los proyectos en danza pertenecen a senadores como Maqueda y Yoma.

Hay cuestiones de cortesía para ceder paso a los supuestos afectados por la poda, ya que basta con elevar por el piso de representación (cantidad de habitantes por legisladores). En el caso de los senadores, curiosamente no contemplado en el acuerdo, el trá-mite de racionalización es más engorroso: debe hacerse mediante una nueva reforma constitucional. Esto genera cierto sentimiento de culpa a la hora de poder diputaciones.