El gobierno, más cerca de Bush en Corte Penal

Cristina Fernández de Kirchner saldrá a predicar contra la Corte Penal Internacional, y no sólo contra el proyecto de adhesión del país al polémico Tratado de Roma. En cierta medida, como quiere George W. Bush. El estatuto, que pone en funcionamiento la Corte Penal Internacional -de la cual es fiscal el argentino Luis Moreno Ocampo-y castiga los crímenes de lesa humanidad posteriores al 1 de julio de 2002, será debatido durante un encuentro de senadores y diputados de América, en Brasilia, el 25 y el 26.

Por eso, quedó postergado su tratamiento en el Congreso nacional. Al país vecino viajarán la primera dama, JorgeYoma y el salteño Marcelo López Arias, vice del Senado y único representante latinoamericano en la mesa chica del Grupo de Parlamentarios de Acción Mundial que organiza el seminario.

Con la mira puesta en este encuentro, se postergó ayer la sanción en la Cámara alta de la legislación doméstica que debe adecuarse al pacto internacional. El oficialismo, tal cual adelantó este diario, no quiere que se le otorgue rango constitucional al Tratado de Roma porque choca con otro convenio que logró ese status, junto con la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final. Se trata del Acuerdo sobre Imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Ayer, deliberó la comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza la señora de Kirchner, y se dedicó a escuchar a los doctrinarios que coinciden con este criterio, ya levantado por el principal crítico del Estatuto, el riojano JorgeYoma. Desfilaron por el palacio del Congreso el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el integrante del Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Maier; y la funcionaria del área de Derechos Humanos de la Cancillería, Alicia Oliveira.

El Tratado de Roma fue aprobado el 17 de julio de 1998 por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. En contra se expresaron Estados-Unidos, Irak y China. Washington no quiere que los delitos que puedan cometer sus tropas en el extranjero puedan recibir castigo en la Corte Penal Internacional.

La Argentina se pronunció por la afirmativa, razón por la cual ahora debe completar el trámite con la inclusión de la convención internacional en la normativa nacional. Pero las diferentes opiniones dentro del bloque peronista motivaron que el tema, aprobado en comisión el año pasado, perdiera estado parlamentario y que se debiera reanudar el debate. En realidad, sirvió de excusa para depreciar a Eduardo Menem -contradictor de entrecasa de Yoma y sacarle el proyecto (en su momento, remitido por la administración de Eduardo Duhalde al Legislativo). La idea era que debía analizarse en Asuntos Constitucionales en lugar de Relaciones Exteriores, la comisión que dominaba el hermano de Carlos Menem.

La movida, en definitiva, derivó en la defenestración de Eduardo Menem del cargo que ocupaba, el cual se le cedió a Ramón Puerta (PJ-Misiones).

Yoma desmenuzó el acuerdo y expuso las falencias que encontró. «Las escalas penales previstas carecen de armonía; esto último, no sólo en relación de las figuras penales establecidas en el proyecto, sino con los parámetros fijados por el Código Penal», objetó.

«Según la escala contenida en el proyecto, el delito de exterminio sería penado con mucha más suavidad que el simple homicidio, y que igual relación puede apreciarse respecto de la desaparición forzada de personas y el homicidio», explicó el riojano de Kirchner.

Zaffaroni y Maier consideraron que no se le debe dar rango constitucional a la convención internacional y que, en cambio, se debe adaptar la legislación argentina al Tratado. Este implicaría, según los expositores, modificar el Código Penal para adaptar el régimen punitorio a la normativa sancionada en Roma y evitar incoherencias entre ambos textos.