El gobierno de Néstor Kirchner se perdió de contar con un juez federal afín por su propia impericia. La semana pasada, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un mensaje para retirar el pliego de un candidato a juez porque había decidido darle otro destino más importante.
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Del puesto de camarista penal al que lo había nominado el renunciado Gustavo Béliz, el sucesor en el Ministerio de Justicia, Horacio Rosatti, pensaba mudar al postulante a la codiciada Justicia Federal, encargada de llevar las causas contra funcionarios y ex funcionarios.
La nueva nominación de Daniel Rafecas, que revistaba como fiscal adjunto del procurador general de la Nación, Esteban Righi, estaba decidida en las más altas esferas del gobierno. Sin embargo, el pedido para cambiarlo de juzgado llegó muy tarde al Senado.
En la Casa Rosada, no tuvieron en cuenta la eficiencia de la Comisión de Acuerdos para despachar los nombramientos oficiales. Y, por supuesto, no siguen las emisiones de Senado TV. Porque, cuando arribó a la Cámara alta el mensaje 1.130 del PEN, que anunciaba la decisión de retirar el diploma de Rafecas para el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21, de Capital Federal, el aspirante ya había sido confirmado en ese cargo por una votación del plenario. Otra muestra de la «obediencia debida» del Congreso.
Por suerte, el papelón fue simple para el Ejecutivo, ya que nunca llegaron a mandar el pliego sustituto que nominaba a Rafecas a magistrado federal.
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