El gobierno sancionará a gremios que cometan actos de violencia
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Fernando de la Rúa manifestó ayer que a pesar del paro convocado a partir de hoy por la CGT disidente y la CTA -la tercera huelga desde que asumió la jefatura del Estado el 10 de diciembre pasado-«podemos ser amigos y coincidentes en las causas patrióticas». El Presidente afirmó que «mañana podremos tener un paro, pero hoy estamos trabajando por el bien común, para darle agua y salud a toda la gente», enfatizó De la Rúa durante la ceremonia que encabezó en un hotel porteño al dejar inaugurado el Tercer Seminario Internacional para analizar el acceso de la población carenciada a los servicios de agua y saneamiento.
Quejas
Trascartón Bullrich se preguntó: «¿Cuánta gente se va a quedar sin la plata del día, cuánta gente que trabaja por jornales los va a perder, y cuánta gente va a perder la hora extra?». Y agregó: «Que dejen que los servicios funcionen, así el trabajador se va a expresar y vamos a tener bien en clarito quién quiere ir y quién no. Pero si cortan una ruta ¿Cómo mido yo el paro?
¿Qué es eso?», enfatizó.
Ratificó que «si el país para a 50 por ciento de su capacidad productiva, se pierden 600 millones de pesos», y comparó ese monto con «el esfuerzo que hizo el gobierno para conseguir 225 para planes sociales». Bullrich, dijo que la protesta «es una barbaridad» y que «el sindicato que no cumpla con los servicios esenciales será denunciado a la Justicia». «Esto no es un paro, es una jornada de amedrentamiento a quienes quieren trabajar», concluyó.
También salió al ruedo el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, quien advirtió que no va a «dudar» en dar la orden de despejar una ruta, si se montan piquetes durante el paro nacional que se inicia hoy al mediodía. Definió la medida como un «sistema anacrónico» y advirtió sobre el riesgo de que «se les haga perder la personería jurídica» a los gremios que no cumplan con los servicios básicos dispuestos por el gobierno.
«Estoy tratando de beneficiar a la gente que se ve sometida por la violencia», justificó el funcionario, quien anunció la realización de un operativo «preventivo» para evitar los cortes de ruta. De todos modos, aclaró que cuando se produzca la obstrucción de alguna vía, aguardará «la decisión de los jueces» que intervengan en cada caso.
Delitos
Mathov indicó que el lunes y martes pasados ya se registraron «varios delitos cometidos contra transportes de pasajeros», con el «objetivo de amedrentar y tratar por medio de la violencia de someter a la gran mayoría». Dijo que «vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para evitar que los violentos puedan concretar sus objetivos, aun cuando enarbolen banderas legítimas», enfatizó.
Mathov reiteró que el gobierno garantizará la libertad de trabajo y prevendrá cortes de ruta durante las 36 horas del paro. Y agregó una advertencia ominosa: «Los argentinos conocimos ya, en años recientes y en los últimos 30 de la historia argentina, grupos que convencieron al resto de que por la violencia iban a conseguir objetivos, muchas veces legítimos, y sabemos todos que terminó muy mal», recordó. «Miles de muertos, postergación del desarrollo; nunca la violencia termina de resolver los problemas, con lo cual todo este mecanismo de cortes de ruta exigiendo, obligando o teniendo a las otras personas sometidas a la voluntad de algunos violentos, siempre va a terminar mal», aseguró.
El vocero presidencial tampoco se quedó atrás. Ricardo Ostuni advirtió que el paro nacional convocado por las centrales sindicales «no tiene ningún argumento que sea valedero» y lo interpretó a «una disputa entre dos sectores de la CGT».
«Si es por la desocupación, hace cinco años que podríamos estar en paro todos los días. Si es por la recesión económica, tenemos 32 meses para estar de paro», se quejó Ostuni.
El ministro del Interior, Federico Storani, también hizo su aporte y aseguró que el paro convocado por las tres centrales obreras «roza la apología del delito», por incluir la convocatoria a realizar cortes de ruta. El titular de la cartera política advirtió, además, que existe un «sistema montado para intimidar a los medios de transporte» y evitar que circulen.
«Si un trabajador no puede llegar por fuerza mayor podría quedar sujeto a la arbitrariedad de un patrón de echarlo sin indemnización. Resulta que nosotros estamos protegiendo más a los trabajadores que quienes dicen representarlos», dijo el funcionario en una traducción muy peculiar.




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