El jueves caerá en el Congreso la polémica "subversión económica"

Aun cuando el 1 de Mayo conspira contra la presencia ma-siva de legisladores en el Congreso, el peronismo busca que el jueves sesionen ambas cámaras para derogar la "subversión económica". Hoy habrá contactos entre los bloques del PJ y la UCR con el Frepaso para sellar los puntos finales no sólo para la eliminación de esa ley, sino también para la de Quiebras. Para los legisladores, la única obsesión es no quedar como benefactores de banqueros, por lo que paralelamente buscarán y apoyarán cualquier solución al "corralito".

Diputados y senadores intentarán avanzar esta semana con la agenda parlamentaria pactada en Olivos y que debe quedar aprobada en un plazo de 15 días como límite.

Aún cuando el 1 de mayo conspira contra la presencia masiva de legisladores en el barrio de Congreso, el peronismo amenaza con una convocatoria a sesionar en ambas cámaras el jueves, en principio, para votar la derogación de «subversión económica», cuyo trámite comienza en el Senado y presenta, aparentemente, pocos conflictos.

Hoy se reanudarán los contactos entre las mesas de los bloques PJ y sus aliados, la UCR y el Frepaso de Darío Alessandro para acordar los toques finales a éste y los demás proyectos en carpeta: Quiebras, las modificaciones al CER -Coeficiente de Estabilización de Referencia que servirá para ajustar según las variaciones de precios al consumidor- y el nuevo bono para ahorristas.

En el caso de «subversión económica», los senadores fusionarán propuestas de Miguel Angel Pichetto (Río Negro) y Sonia Escudero (Salta) con las del Ejecutivo, a fin de reformular el Código Penal. En la tenida se tomará en cuenta un informe técnico del ex cavallista Guillermo Johnson, ahora diputado del peronismo de Córdoba. Sea como fuere, los delitos que dejen de estar tipificados por la derogación de «subversión» deberían reaparecer como normas penales.

En un largo tramo, diputados y senadores estudiaron en la quinta presidencial que esta supresión no derivara en una «amnistía para banqueros». En ese sentido, llegaron a la conclusión de que -por ejemplo, en el caso del Banco General de Negocios- a Carlos Rohm podría acusárselo de presunta administración fraudulenta y defraudación, antes de que cayera el proceso por la desaparición de la ley de «subversión económica».

• Toques finales

No quedar como benefactores de los bancos es la segunda obsesión. Prioritariamente, las bancadas oficialistas procurarán negociar con el gobierno una solución lo más rápida posible para el «corralito». Aunque subsisten divergencias sobre la vía adecuada. Hay quienes prefieren un decreto de necesidad y urgencia y así evitar que las querellas parlamentarias deriven en una frustración, tal cual sucedió con el BONEX.

Otros insisten con una ley, tal el caso del mismo presidente designado que se resiste a firmar un DNU. No es el único intríngulis. Todavía no está claro de qué forma se instrumentará el bono que se pagaría a los depositantes reprogramados.

El radical Rodolfo Terragno, que no participa de las tertulias entre radicales y peronistas porque «no sirven para nada si no existe una receta económica razonable», aseguró ayer que «cada día que pasa y el 'corralito' sigue sin solución, Duhalde pierde una semana de gobernabilidad». «La fecha límite -vaticinó- es el 15 de julio.»

La Ley de Quiebras puede que sufra un derrotero parlamentario menos expeditivo que «subversión económica»: hay objeciones legislativas a la reinstauración del «cram down», instituto que permite a los acreedores hacerse cargo de la empresa concursada y que molesta al monopolio «Clarín», inspirador de la primera reforma duhaldista a Quiebras.

Esta preocupación -compartida por empresarios y legisladores- ha dado lugar a suspicacias. Hasta ahora, los diputados han acercado posiciones en Justicia con Jorge Vanossi y Guillermo De Sanctis, diferenciándose de las ideas fuerza que presentó oportunamente Jorge Remes Lenicov, tomadas directamente del Fondo, a ojos del peronismo de la Cámara baja.

• Interés

Los diputados, que serán iniciadores de este debate, están más interesados en sacar antes que todo la eliminación del CER. Durante el fin de semana, Eduardo Duhalde pidió que se terminara de convertir en ley una iniciativa del sanjuanino José Luis Gioja que ya cuenta con media sanción de la Cámara alta.

Gioja propone reemplazar el CER por un índice de variación de salarios para actualizar cuotas de créditos hipotecarios y alquileres de vivienda familiar única, con un tope de $ 100 mil. En Diputados cae bien esta posición, aunque no se resignan a incorporarle correcciones.

El fueguino Omar Becerra, por caso, auspicia suprimir el techo y beneficiar también a las PyMEs. El salteño Marcelo López Arias, que hizo lobby en Diputados por el CER de Gioja, pronunció un discurso bastante persuasivo: «Tenemos que darle una señal positiva a la gente y no demorar más un proyecto beneficioso, después de tantos ataques que tenemos que bancarnos».