El juez español Baltasar Garzón se abrazó anoche en el escenario del Teatro Cervantes con la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, mientras aplaudía la candidata Cristina de Kirchner. Antes, el visitante fue recibido por el Presidente y recorrió la ESMA.
Hace dos años había reclamado la extradición de 40 militares acusados de genocidio, terrorismo y torturas para juzgarlos en España. Incluso llegó a insinuar que la administración de Néstor Kirchner frenaba el juzgamiento de los militares en los tribunales de Madrid. El comentario abrió una grieta entre la diplomacia española y la argentina porque -en rigor- fue José María Aznar el que decidió no tramitar el pedido de extradición. Ayer el juez español Baltasar Garzón olvidó el entredicho e hizo como si esa duda nunca hubiera existido. Así se permitió aseverar que la Justicia argentina puede juzgar a los militares tras la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Su valoración fue celebrada con júbilo por una camada de seguidores que suelen poner al magistrado ibérico a la altura de los dioses. El juez hizo de todo. Se reunió con el Presidente, recorrió la ESMA y participó de un seminario sobre Derechos Humanos que tuvo como oradores a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y a la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
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La reunión que mantuvo con Kirchner fue el paso previo de Garzón a su visita a la sede de la ESMA, donde fue acompañado por la primera dama. En ese lugar, convertido ahora en un Museo de la Memoria, el juez español destacó el «compromiso» del gobierno nacional en la consolidación de los derechos humanos y escuchó durante dos horas los testimonios de víctimas de la última dictadura. «Los derechos humanos deben ser una política de Estado, y aquí hay un compromiso muy evidente por parte del Ejecutivo y de la Justicia. Ese es el único camino para consolidar lo que es un auténtico sistema democrático», subrayó Garzón, en un breve diálogo con periodistas cuando finalizó la recorrida.
El juez español caminó durante dos horas por las calles que rodean las instalaciones de lo que fue uno de los principales centros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura, acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el senador uruguayo Rafael Michelini; el cónsul en Nueva York, Héctor Timerman; Madres de Plaza de Mayo; familiares de desaparecidos y ex detenidos. «La ESMA debe ser lo que los argentinos quieren que sea: un punto de referencia donde se tenga una visión clara de lo que aquí ocurrió; la memoria debe ser conservada», reflexionó el juez español, quien accedió a conversar con la prensa pese a que fue vedado el ingreso de periodistas al predio.
Además, aseguró estar «convencido» de que a partir de la postura de la Corte Suprema de la no prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, «otros jueces y fiscales comprometidos» van a avanzar en investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. «Este es un momento muy decisivo en esta área y creo que la Argentina se merece esa atención y que esa responsabilidad se produzca lo más rápido posible», reflexionó el juez.
La visita de Garzón a la Argentina se debe a su participación junto a Fernández de Kirchner y a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, de un debate en el que se analizaron las «acciones contra la impunidad».
En ese encuentro, Carlotto consideró: «La dictadura nos marcó como país y nos desafía a dar vuelta la historia para transformarnos en un país digno: en la Argentina hay mucho dolor».
El seminario convocado bajo el título «Por la memoria, la verdad y la justicia», se demoró media hora por una protesta de piqueteros que reclamaban la libertad de Raúl Castells y que también pretendían llegar hasta Garzón.
A su turno, Fernández de Kirchner fustigó la actitud de «algunos países centrales» que a su entender no contribuyen a la universalización de los derechos humanos. «En este aporte que hacemos los argentinos a la reconstrucción de la universalidad de los derechos humanos, decimos desde aquí que los países centrales deben contribuir mucho a la universalidad de los derechos humanos», sostuvo la legisladora.
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