El juez Romano rompió el silencio: "No sé de qué carajo se me acusa"

Otilio Romano reside en uno de los barrios más lujosos de Santiago de Chile.

El camarista federal mendocino Otilio Romano, refugiado en Chile a la espera de asilo debido a que es requerido por la Justicia argentina por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, aseguró que es víctima de una "persecución política".

"Soy un perseguido político en mi país y no sé de qué carajo se me acusa. ¡No sé qué carajo de delitos son esos!", enfatizó el magistrado.

En una entrevista telefónica concedida al diario El Mercurio de Chile, Romano aseguró que tiene "la esperanza de que se comprobará" su "total inocencia de lo que se me acusa".

Romano -a quien este jueves el Consejo de la Magistratura le suspendió el sueldo- llegó a Chile el 24 de agosto y el 1 de septiembre se presentó en la Oficina de Refugiados del Departamento de Extranjería y Migración para solicitar "refugio" acusando una persecución ideológica.

De acuerdo con lo publicado por el diario chileno, el magistrado mendocino reside actualmente en un lujoso barrio de la comuna de Las Condes.

El suspendido juez Romano tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Mendoza acusado de convalidar más de 100 delitos de lesa humanidad, tales como secuestros, torturas y homicidios, cuando era funcionario judicial entre 1975 y 1983. en concreto, se lo imputa como "partícipe primario" de esos hechos por conocer la existencia y no denunciarlos o investigarlos. Días atrás, el fiscal general Omar Palermo anticipó a ámbito.com que sobre Romano pesa una "amenaza de pena" similar a la de los autores de esos aberrantes delitos: la cadena perpetua.

En concreto, es investigado "por la presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo, de promover la persecución y represión de los delitos que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal según las particularidades de cada caso concreto, en los hechos que habrían cometido miembros de las fuerzas armadas y de seguridad afectados a la lucha contra la subversión entre los años 1975/1983".

A raíz de esos hechos el Consejo lo suspendió en su cargo de camarista federal, y lo envió a juicio político a fines de agosto pasado. Ayer, ese mismo organismo resolvió suspender el pago del salario, que por su antigüedad en el Poder Judicial llagaría a los $ 40.000 mensuales.

Romano actualmente se encuentra en Chile y el gobierno de Sebastián Piñera le otorgó una visa de ochos meses, mientras se espera que resuelva su pedido de refugio. En Mendoza, el fiscal Palermo y la querella todavía esperan que el juez federal Walter Bento defina qué interpretación hará de los fueros judiciales que todavía posee Romano para luego librar la orden de prisión preventiva, con el inminente pedido de captura a Interpol.

Mientras tanto, días atrás, el ministro de Justicia chileno, Teodoro Ribera, rechazó que su país vaya a utilizar como "moneda de cambio" el caso del suspendido camarista federal mendocino.