El oficialismo presentó proyecto para retirarle a la Corte el presupuesto del Poder Judicial
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En la norma original que había mandado el Ejecutivo al Parlamento para reformar la Magistratura aparecía -además de la elección popular y el aumento de los miembros- un artículo que depositaba en el Consejo las facultades administrativas y presupuestarias del Poder Judicial, tal como establece la Constitución.
Durante el tratamiento de ese proyecto en la Cámara baja, la Corte hizo público su rechazo a esa medida específica y, por orden de la presidenta Cristina Kirchner, el oficialismo eliminó del texto primitivo esa clausula, dejando la situación tal cual está en la actualidad.
En ese momento, la marcha atrás del kirchnerismo se interpretó como una concesión al máximo tribunal, a sabiendas de que poco después la reforma del Consejo de la Magistratura terminaría en manos de los supremos, quienes tendrían que revisar la constitucionalidad de dicha norma.
Ahora, luego de la declaración de inconstitucionalidad, el oficialismo volvió a la carga con su idea inicial de quitarle facultades a la Corte, cuestión que al estar dentro de la Carta Magna de ninguna manera podría ser rechazada por el tribunal.
El artículo 114 de la Constitución Nacional, que establece la naturaleza y las funciones del Consejo de la Magistratura, nombra entre las atribuciones del cuerpo "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia".
Pese a ello, desde la incorporación del Consejo en la Constitución con la reforma de 1994, la Corte siempre mantuvo esas atribuciones.
El proyecto que ingresó este jueves a la Cámara baja propone modificar los artículos 7, 16 y 17 de la ley 24937 sobre la Magistratura; el punto 5 de la ley 11672 complementaria permanente del Presupuesto (donde se autoriza a la Corte a distribuir los recursos de la justicia); el 23 de la ley 17028 sobre la justicia de la Capital Federal; y el 3 de la 19362, referida a la escala escalafonaria del personal judicial.
La norma también busca cambiar los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la ley 23853 sobre la autarquía del Poder Judicial; además de los párrafos 5 y 4 del artículo 117 de la ley 24156 de Administración Financiera.
Según dice la iniciativa, "en un plazo de tres meses se transferirán al Consejo de la Magistratura todas las dependencias técnico administrativas que no tengan relación directa con la función jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
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