Eduardo Camaño, jefe de los diputados, retomará mañana los contactos con la UCR para forzar a los correligionarios a fijar una fecha de cierre al juicio político a la Corte, en Diputados. El oficialismo necesita cumplir con la promesa que formuló Juan José Alvarez delante de los ministros del Poder Judicial el último viernes de terminar con esta causa «lo antes posible» (ver nota aparte). El límite -a criterio del Ejecutivo- es el 15 de agosto.
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Por eso, insistirá en una nueva reunión de jefes de bloque destinada a destrabar el proceso. Allí la tarea más reservada del presidente de la Cámara baja pasará a manos de Carlos Alessandri, Manuel Baladrón y José María Díaz Bancalari, interlocutores habituales en Labor Parlamentaria.
Sin el radicalismo, la sesión para voltear el juicio político resulta inviable por falta de quórum. En el gobierno, se jactan de contar con 115 votos -con asistencia de cavallistas y provinciales del Interbloque Federal-, suficientes para impedir que Elisa Carrió y el kirchneriano Sergio Acevedo sueñen con lograr 2/3 de los presentes. Esa cifra es la que marca el reglamento para decapitar al máximo tribunal (en realidad, pasar a la etapa de sentencia en el Senado).
Los radicales resultan imprescindibles para juntar 129 posaderas y así iniciar el plenario del cuerpo. Pero se han negado sistemáticamente en las semanas anteriores a facilitar la relación entre el Ejecutivo y la Corte, más que nada por cuestiones electorales.
En la última cita de labor, el peronismo ni siquiera pudo proponer oficialmente una fecha para el demorado debate. La arista Carrió salió a denunciar un supuesto pacto para perjudicar a los ahorristas atrapados en el «corralito», a cambio de liberar al noneto de jueces. La jefa espiritual del ARI se ilusiona con poner en comisión al fuero federal -al cual considera «desacreditado» en su totalidad-, y a la Corte, paso previo para reducir el número del máximo tribunal a 5 integrantes y fijarle un cupo femenino.
La UCR, para no quedar expuesta a que Lilita siga birlándole votos por izquierda, se plegó a la táctica de Carrió, aunque sin convicciones técnico-jurídicas. Simplemente, guiada por el adelantamiento de comicios presidenciales y la urgencia por despegarse del gobierno que ayudó a asumir. Horacio Pernasetti llegó a denunciar que el PJ paralizaba el Congreso, mientras no se sesionara por el tema de la Corte. En presencia de los movileros, terminó desarticulando la estrategia justicialista de presionar con una fecha anterior al 15 de agosto.
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