El peronismo mostró esta semana su poco interés en investigar a los responsables de la toma del Congreso que llevaron adelante los empleados legislativos, bloqueando el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, cometiendo, al menos, dos delitos tipificados en el Código Penal y violando un artículo de la Constitución nacional. Ese día el macrista Jorge Vanossi había presentado una cuestión de privilegio para que se investigara la toma del recinto. El peronista salteño Juan Manuel Urtubey, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fijó para ayer una reunión para investigar la cuestión. Pero la reunión no se realizó por falta de legisladores en la Capital Federal, dos días antes de Navidad. De hecho, en el Congreso se cree que se fijó esa fecha precisamente para que la violación de los recintos -sin que se diera intervención a ninguna fuerza de seguridad, aunque haya habido algunos heridos cuando los empleados rompieron vidrios y sacaron de su lugar una de las puertas quedara en la más absoluta impunidad.
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Muchos peronistas incluso se preguntan todavía qué pasó aquel día como para justificar una toma de los recintos y del edificio del Congreso que la lógica no parece justificar por una diferencia de $ 50 en los aumentos de enero y febrero para los empleados. Y tampoco lo explica una disputa por la representatividad sindical entre ATE y APL, el gremio de los legislativos.
El episodio más violento -y menos difundido-del día de la toma del Congreso fue precisamente cuando ese grupo de manifestantes entró por la fuerza en el recinto de Diputados que se encontraba en medio de una sesión especial. Debatían la prórroga de los impuestos de emergencia que vencían el próximo 31 de diciembre cuando una veintena de empleados ingresó y comenzó a avanzar entre las bancas. Eduardo Camaño les ordenó retirarse sin éxito.
Fue cuando Vanossi planteó por primera vez la idea de que lo que estaban haciendo los empleados era simplemente un delito, lo que repitió en la sesión del día siguiente como pedido formal: «He solicitado la palabra para plantar una cuestión de privilegio a efectos de que sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de que quede bien claro que los hechos acontecidos no pueden quedar así no más. Las cuestiones de privilegio en la tradición parlamentaria nacieron fundamentalmente ante los actos de interrupción o de perturbación del funcionamiento de los cuerpos representativos elegidos por el pueblo, y esto es lo que desgraciadamente ha acontecido en el día de hoy», expresó.
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