En la OEA descartan envío de observadores

Tal vez la OEA le haga un flaco favor a Cristina Fernández de Kirchner; ha rechazado «in limine» la presencia de una misión de observadores internacionales en las elecciones presidenciales del 28 de octubre. El organismo multilateral ya confirmó por escrito que existe una improbabilidad objetiva de poder fiscalizar la elección nacional de octubre, tal como reclama todo el arco político opositor, con la excepción del peronista disidente Alberto Rodríguez Saá (aunque éste se ufanó de explicar cómo será el fraude).

Tras la reunión del jueves pasado en Washington entre el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Pablo Gutiérrez, y los enviados de Elisa Carrió, la candidata a diputada Patricia Bullrich y el ex legislador Gerardo Conte Grand, el funcionario continental informó que las misiones de observación electoral sólo se llevan a cabo cuando la OEA «es invitada por el Poder Ejecutivo de un Estado miembro a través de su respectiva Cancillería, y habiéndose cumplido previamente con todos los requisitos fijados por la legislación interna del país».

Bullrich y Conte Grand habían consultado a Gutiérrez sobre la posibilidad de que la organización establezca una misión de observación electoral para los comicios nacionales del próximo 28 de octubre en la Argentina. Pero a 33 días de las elecciones, y pese al histrionismo opositor de Carrió, Roberto Lavagna y Ricardo López Murphy, ningún partido presentó hasta ahora una solicitud formal en la OEA para el envío de una misión electoral. Esta información proveniente de Washington fue confirmada también ayer a este diario por el director nacional electoral del Ministerio del Interior, Alejandro Tullio.

La demanda de los candidatos opositores es casi utópica. Más allá de las irregularidades en las sospechadas elecciones provinciales de Córdoba y Chaco, donde se impusieron los kirchneristas Juan Schiaretti y Jorge Capitanich respectivamente, existe una imposibilidad objetiva de organizar una misión electoral para la Argentina, teniendo en cuenta las casi 70 mil mesas electorales donde se depositarán los votos. A través de un comunicado de prensa, la OEA informó que Gutiérrez «señaló que siempre se tiene en cuenta el tiempo necesario para la preparación de la misión, que guarda una directa relación con el número de electores y mesas de votación. Como no se ha recibido la solicitud para las elecciones en la Argentina, el departamento no ha elaborado ningún plan ni ha transmitido información alguna sobre el tiempo necesario de preparación o sobre el número de observadores necesarios».

El 2 de octubre, la Justicia convocó al Consejo Nacional de Partidos Políticos que funciona en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral para explicar los mecanismos de transparencia que se implementarán el 28 de octubre. Y aunque, tal como ocurrió en 2003, es probable que el gobierno invite a un grupo reducido de veedores de la OEA, los magistrados electorales ya dan casi por descartado que se convoque una misión amplia de fiscalización, tal como sucedió durante el año pasado en Colombia, Costa Rica, Guyana y Perú. Tanto los jueces como el Poder Ejecutivo consideran que en la Argentina no existe una situación de conflicto interno que justifique el envío de una misión de observadores extranjeros.

Aunque los Kirchner consideren un triunfo político el rechazo a la presencia de misiones de observadores electorales, de ganar Cristina Fernández de Kirchner por un margen ajustado en primera vuelta, su legitimidad podría verse afectada para el resto de su mandato.