Encuentro Kirchner-Moyano

Es extraño que un «pingüino» abandone el frío de El Calafate para llegar a un lugar con 41,2°C de sensación térmica, marca con la que Buenos Aires ayer alcanzó un récord. Pero Néstor Kirchner es así. Ayer regresó de la Patagonia. Lo esperaba, ansioso, el sindicalista Hugo Moyano: era su cumpleaños y se había ilusionado con que el Presidente le «regalaría» para la ocasión la «caja» de las obras sociales. Tal vez suceda esta semana: en la CGT esperan que los convoquen para una reunión con Kirchner en la Casa Rosada.

El jefe de la CGT, Hugo Moyano, pasó ayer su cumpleaños con cierta ansiedad. Está rodeado de promesas del gobierno pero nadie le da precisiones sobre su cumplimiento inmediato. Se había hecho la ilusión de que esos augurios serían transformados en regalos de cumpleaños pero hasta última hora de ayer los únicos presentes recibidos eran todos de su familia.

Por de pronto, el camionero sigue esperando que Néstor Kirchner lo convoque «en las próximas 48 horas» para tratar en el máximo nivel del gobierno la agenda que la cúpula de la central obrera viene discutiendo con distintos ministros, sin mayor efectividad.

«Andá hablando con los ministros que después yo te defino», le dijo Kirchner antes de partir hacia El Calafate, desde donde regresó ayer. Los demás integrantes del secretariado están avisados, en sus distintos lugares de veraneo, sobre la convocatoria de la Casa Rosada, «de un momento a otro».

¿Por qué tanta ansiedad de Moyano? Sencillo: entre los presentes que le prometieron está, como publicó este diario, la reestructuración de la Superintendencia de Salud y la incorporación de uno de sus íntimos, el abogado Juan Rinaldi, a la Administración de Programas Especiales (APE). La APE es la oficina desde la cual se dispone de los subsidios a las obras sociales, claves en la supervivencia o hundimiento de esas entidades. Es decir, decisiva a la hora de los alineamientos de los distintos gremios.

• Indicios

Moyano recibió, casi como un regalo de cumpleaños, varios indicios que le permitieron confiar en las promesas del gobierno. El más alentador fue que no sólo el superintendente actual, Rubén Torres, se alejó ya de su oficina sino que también su seguro sucesor, Héctor Capaccioli, está esperando en la puerta del edificio para poder entrar y hacerse cargo del sillón. Estos movimientos le daban verosimilitud, ayer, a la versión que afirmaba que el Presidente firmaría hoy el decreto que dispondría esos cambios.

Capaccioli es un subordinado político de Alberto Fernández, quien extenderá su dominio sobre el área de Salud en relación con las obras sociales (en el caso del PAMI, Fernández ya impera a través de Graciela Ocaña). Es decir, se abrirá un área de convivencia inédita: hasta ahora Moyano había tenido trato con Julio De Vido y Ricardo Jaime, dos hombres de Kirchner en el área de Infraestructura y Transporte. Ahora deberá asociarse a Fernández, lo que representa una experiencia inédita para ambos. Habrá que ver cómo se llevan en ese consorcio en el que Capaccioli deberá convivir con el agresivo Rinaldi. Este abogado es al derecho laboral lo que su jefe Moyano al sindicalismo: es decir, un hombre de choque, para nada parecido al diplomático y siempre atildado Héctor Recalde, el cerebro jurídico del planeta Moyano.

Será interesante observar cómo se comporta Moyano delante de Kirchner en el caso de que le otorguen esas posiciones de poder (y de dinero) antes de que tenga que visitar el despacho presidencial para tratar la agenda general del gremialismo. Como es sabido, el camionero está sospechado de ser concesivo con el gobierno a cambio de beneficios cuantiosos que recibe para su gremio y también para los empresarios del transporte de cargas (¿es verdad que este gremialista pertenece a los dos órdenes, sobre todo en el negocio de la recolección de basura, o son todas habladurías?). Por eso sus colegas lo hostigan haciéndole notar que «viniste para hacer una CGT más combativa pero ya te parecés a Rodolfo Daer» (antecesor caracterizado por su mansedumbre e hiperacuerdismo).

• Seguro

El temario que los sindicalistas pretenden tratar con Kirchner es abultado. Pero no son ilusos: presumen que el Presidente sólo les concederá lo que tenga menos costo fiscal y más lucimiento para él. Es decir, el seguro de desempleo generalizado, que se extenderá también a trabajadores «no registrados» que puedan atestiguar que estuvieron empleados y perdieron su puesto. Es una iniciativa que los sindicalistas presentaron hace 15 días al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y a su segunda, Noemí Rial.

En cambio Moyano y los suyos son más escépticos sobre la posibilidad de que se modifique el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Actualmente pagan Ganancias los empleados solteros que cobran más de $ 1.835 y los casados con dos hijos que ganan más de $ 2.235. Como las escalas salariales se están modificando al ritmo de las negociaciones colectivas, son cada vez más los trabajadores que ingresan en el club de quienes pagan ese tributo. Moyano se lo hizo saber públicamente a la ministra Felisa Miceli cuando le dijo, con mal tono: «Que se haga asesorar porque ya hay 700.000 asalariados que pagan Ganancias». A propósito de ese cambio de tono de Moyano, acompañado por las declaraciones de Recalde diciendo que «no hay tregua con la ministra», es entendido como una presión mediática hacia la Casa Rosada. El famoso «sprayette» vandorista, es decir, «llame ya».

Los jerarcas de la CGT van a esgrimir de nuevo que el artículo 24 del Presupuesto le permite al Ejecutivo modificar el mínimo no imponible (es la excusa para justificar que los diputados que responden a Moyano, uno de ellos Recalde, votaron sin chistar la prórroga del impuesto). Pero del otro lado del mostrador no les darán satisfacción inmediata: Kirchner sabe que el Tesoro perdería $ 1.200 millones y que «es hora de pagarle al Fondo Monetario Internacional» (esta broma Moyano no la hará por temor a represalias en la Secretaría de Transporte).

Hay otro problema que los sindicalistas pretenden despejar con Kirchner: es el de las cápitas que paga el PAMI por los jubilados que se atienden en sus obras sociales de origen. Ese abono es de $ 51,50 por persona. Al Presidente le explicarán que cualquier programa médico cobra $ 150 por persona. Podrían agregar que «los precios de la medicina, sobre todo por los convenios colectivos que firmaron las clínicas, subieron 35% en los últimos dos meses». Pero es otra broma que no le harán al santacruceño.