Endurecen controles a las escuelas privadas porteñas

Jorge Telerman

Gobierno porteño impulsa ahora un nuevo sistema para la seguridad de alumnos en las escuelas privadas del distrito y mayores sanciones para los establecimientos que no cumplan con las normas en ese sentido.

De enero a mayo de este año 36 colegios privados de la Capital Federal tuvieron clausuras totales o parciales durante las 786 fiscalizaciones que se realizaron, donde, además, se labraron 1.029 actas por faltas. Son los establecimientos controlados por el área de Seguridad del Ministerio de Gobierno. Las escuelas públicas son controladas directamente por Educación.

Infracciones

Los controles se realizan sobre la edificación del establecimiento, las medidas contra incendios, la higiene y otras reglas. La mayoría de las infracciones fueron de «funcionamiento», lo que abarca desde la falta de habilitación (en general en casos de jardines de infantes) hasta obras no habilitadas dentro de los edificios o construcciones fuera de las normas del código en la materia.

Las faltas en seguridad llegaron a 39%, lo que para el gobierno significa que 95% de las infracciones son de funcionamiento y seguridad.

Así lo explicó ayer el ministro de Gobierno, Diego Gorgal, junto con el director de Enseñanza Privada, Luis Liberman, y el legislador macrista Marcelo Godoy, autor de una ley que se impulsa para dotar de un nuevo sistema, Escuelas Seguras, a la educación privada de la Ciudad que abarca tanto la enseñanza de los niveles primario y secundario como el nivel universitario, institutos y academias, que en conjunto suman 1.931 establecimientos.

Gorgal, con la modificación al Código de Faltas que elevó a la Legislatura, busca que los colegios privados -considerados como rubro crítico, tal como los geriátricos, por ejemplo- lleguen a pagar hasta $ 50.000 por no tener matafuegos o tenerlos en número insuficiente. Además, impulsa que «cuando existan tres sanciones firmes por esa falta dentro de 365 días, el colegio sea pasible de una clausura de entre 15 y 180 días». El mismo castigo se aplicará en los casos de cables expuestos o instalaciones contra incendios inadecuadas.

En regla

Actualmente, según se informó, prácticamente la totalidad de los establecimientos está en regla, una vez que revirtieron las causas de las actas, aunque queda sólo uno en el barrio de Belgrano que no pudo impartir clases todavía por la cantidad de infracciones que se le registraron hasta provocar la clausura.

Dos hechos trágicos forzaron el cambio en determinados requisitos. Uno fue cuando al tropezar con un vidrio, por las severas heridas provocadas, falleció Amparo Alfonsín, nieta del ex presidente. Otro fue el incendio en el local Cromañón a fines de 2004.entos

Aun así, el ranking elaborado por el Gobierno de Jorge Telerman sobre las faltas más comunes por las que se confeccionaron actas lo encabeza «carecer de plan de evacuación» y le sigue « tener vidrios astillables en lugares de riesgo». Otras irregularidades fueron no contar con certificado de desinfección, de tratamiento ignífugo o de limpieza de los tanques de agua, como también «cables expuestos», que ocupa el quinto lugar en el ranking de 20.

Las escuelas privadas del nivel primario y secundario, solamente, tienen una población de alumnos de alrededor de 300 mil, según explicó Liberman.

Por otra parte, Godoy explicó los alcances del proyecto de ley que ya fue firmado por 29 legisladores de diferentes bancadas. La norma tiende a un mecanismo de prevención en accidentes en los colegios de gestión privada como también de atención en caso de emergencias, con la idea de minimizar los riesgos.

Lineamientos

La ley implementa «lineamientos generales de seguridad», imponiendo al Ejecutivo la «promoción de la adecuación de los edificios escolares», entre otras acciones, como «diseñar la estructura de la plataforma Escuelas Seguras, compuesta por dispositivos adecuados a cada establecimiento». Esa plataforma incluyeun mapa de riesgo, una ficha de diagnóstico, un plan básico de normas y procedimientos y un plan de autoprotección.

El Gobierno les otorga especial importancia a los planes de evacuación; por eso impone la ley que «todos los establecimientos educativos de gestión privada deberán contar con la señalética adecuada» a esos fines. Además, propone que en cada colegio existan «referentes de seguridad escolar» que podrían ser los mismos docentes, capacitados.