Tal como lo adelantara el titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, el organismo a su cargo consideró las maniobras difundidas por la Cancillería durante la jornada de ayer, como un hecho de contrabando documentado y requirió la intervención de la justicia en lo penal económico.
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Inmediatamente el Juez en lo Penal Económico Nro.6 - subrogando el nro. 7, en turno, Dr. Marcelo Aguinsky, autorizó las medidas requeridas por la Aduana disponiendo la prohibición de salida del país de los vehículos importados bajo el régimen de franquicias diplomáticas, cuyas autorizaciones habrían sido otorgadas irregularmente por un empleado de Cancillería.
Mientras se mantenga la medida que empezó a instrumentar la Aduana en todos los puntos de frontera, y puertos del país, los representantes diplomáticos extranjeros deberán gestionar una autorización expresa en la Dirección de Investigaciones de la Aduana, área que mantendrá contacto con el juzgado para la autorización - previo cruce de información con Cancillería - para corroborar si se trata efectivamente, de un vehículo que integra el parque automotor de los funcionarios de embajadas extranjeras con asiento en la Argentina.
Las personas involucradas en la importación de automóviles mediante una maniobra con franquicias diplomáticas podrían enfrentar penas de "hasta diez años de prisión", advirtió el director general de Aduanas, Ricardo Echegaray.
"Este no es un simple delito federal donde hay que investigar a la persona que otorgó las licencias en la Cancillería. Aquí hay una situación de contrabando, por lo que pueden enfrentarse penas de hasta diez años de prisión", afirmó Echegaray.
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