Espionaje ilegal: Lázaro Báez pidió ser querellante

Política

Denunció ser víctima de "un plan sistemático de persecución política y judicial" que involucra a funcionarios del gobierno de Macri, la AFI comandada por Arribas y Majdalani y a jueces y fiscales.

Lázaro Báez denunció haber sido “víctima de un espionaje ilegal y paraestatal” y “la violación al derecho a la confidencialidad de sus conversaciones” ocurrida en la cárcel de Ezeiza y pidió ser querellante en la causa que lleva adelante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

En un escrito presentado ante el magistrado a través de sus abogados Juan Martín Villanueva y Elisabeth Gasaro, Báez advirtió sobre la existencia de “un plan sistemático de persecución política y judicial que involucra a miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Agencia Federal de Inteligencia, muchos de los cuales aún no han sido convocados por la judicatura”.

Los letrados explicaron que Báez fue “víctima de un grupo de agentes orgánicos e inorgánicos” quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal consistentes en llevar a cabo vigilancias, obtener información, producir inteligencia, y generar informes sobre distintas personas por el solo hecho de su pertenencia político-partidaria, social, sindical y/o cultural. “Todo ello comandado por funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia”, liderada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En la presentación ante el juez Augé, los abogados denunciaron el espionaje ilegal previo a la detención de Lázaro Báez ocurrida en 2016. Se apoyaron en un artículo periodístico de Página 12 sobre la actuación del policía Juan José Reiriz que revistaba en la Superintendencia de Investigaciones Federales bajo el ala del jefe Claudio Tapia y un supuesto pedido del juez Sebastián Casanello a la ministra de seguridad Patricia Bullrich “para que designe una fuerza de seguridad idónea para que de manera encubierta proceda a la localización y seguimiento de Lázaro Báez y de sus hijos en Santa Cruz”, según la nota.

Se recuerda en el escrito el “despliegue cinematográfico” en el aeropuerto de San Fernando cuando se lo detuvo.

La defensa puso el acento en el espionaje del que fue víctima Báez en la cárcel de Ezeiza junto a otros detenidos del kirchnerismo, y remitió a una serie de documentos que constan en la causa que dan cuenta de “información ilegalmente obtenida, utilizada para coaccionar imputados, testigos, muchas veces funcionarios públicos y del esquema judicial”.

En los documentos se da cuenta del "semáforo" con el cual los imputados de la causa decidieron calificar a distintas víctimas de su accionar delictivo, siendo que respecto de aquellos "sindicados" con color rojo es que se aplicaba la mayor rigurosidad. “Mi cliente y poderdante, como surge claramente, se encuentra en segundo lugar y marcado con el color rojo”.

“Se estudiaron no sólo los pormenores personales de la vida de cada uno de los detenidos y de mi asistido en particular, se realizó espionaje ilegal sobre sus familias y los posibles conflictos a ser explotados; sus filiaciones políticas; los lugares dónde se realizaban las visitas -probablemente con el objetivo de cablear las celdas, salas y aulas-, e incluso también realizaron un perfil de quienes ejercemos sus defensas, nuestros clientes, nuestros vínculos políticos, nuestras oficinas y socios”, consignaron los letrados.

La defensa considera que los imputados cometieron contra Báez abuso de autoridad, violación de secretos, usurpación de funciones públicas, falsificación de documentos por parte de Arribas y Majdalani “para intentar encubrir su propio ilícito”, entre otros delitos cometidos.

Al finalizar la denuncia, la defensa aportó varios artículos periodísticos relacionados con el espionaje ilegal y pidió ser tenido como parte querellante para poder accionar, pedir medidas de prueba e impulsar el caso.

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