10 de enero 2006 - 00:00

Estudian postergar reforma judicial: faltan aún 10 votos

Forzado el gobierno nacional dice ahora que no tiene apuro en sacar adelante la reforma del Consejo de la Magistratura. Por eso, en caso de que el oficialismo no tenga asegurados a mediados de febrero los 129 votos para convertir en ley el proyecto que dejará en manos del kirchnerismo la designación y la remoción de los jueces, la conducción del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados contempla posponer el tratamiento del tema hasta que se reúnan todos los apoyos legislativos necesarios. Néstor Kirchner especula con que no existe un plazo perentorio para concretar la reforma del órgano colegiado y apunta su estrategia a conseguir los 10 votos que le faltarían sobre la base de la división de los bloques opositores. El kirchnerismo ya lo consiguió con el radicalismo y el duhaldismo, y ahora va por los partidos provinciales y hasta por el macrismo.

Alberto Fernández, Agustín Rossi y Eduardo Lorenzo Borocotó
Alberto Fernández, Agustín Rossi y Eduardo Lorenzo Borocotó
El kirchnerismo está dispuesto a perder una batalla pero no la guerra por el Consejo de la Magistratura. Por eso, a escasas 10 voluntades legislativas de controlar la designación y remoción de jueces, el gobierno contempla la alternativa de posponer el debate del tema para después de febrero en caso de que se complique la negociación para reunir los 129 votos necesarios en el recinto para concretar la reforma del órgano judicial.

Hasta ayer, revelaban desde la conducción parlamentaria del Frente para la Victoria, la estrategia oficialista consistía en romper la unidad de los bloques opositores. Los operadores del santafesino Agustín Rossi, dicen que irán por los radicales, los duhaldistas, por los macristas y hasta por los provinciales. El primer paso se dio con los diputados radicales que responden al correntino Ricardo Colombi y se extendería a los legisladores fieles a los gobernadores radicales de las provincias de Santiago del Estero, Río Negro y Mendoza, de buen diálogo con la Casa Rosada.

• Garantías

Otra muestra de esta metodología divisionista del gobierno fue la reunión que la semana pasada mantuvo Alberto Fernández con el intendente cordobés, Luis Juez, cuyo Partido Nuevo tiene cinco legisladoresen la Cámara baja. Luegodel encuentro con el jefe de Gabinete, el cordobés dijo que se sentía tranquilo porque le habían dado garantías de que no se afectaría la independencia de la Justicia y explicó que sus diputados podrían votar el proyecto a conciencia según sus propias convicciones. Conclusión: del bloque juecista, la única que reafirmó públicamente el rechazo a la reforma del Consejo fue Norma Morandini, se desconoce cómo votarán los otros cuatro diputados.

Los kirchneristas creen que hay un plazo perentorio para tratar el tema. Dicen que se pueden tomar un semestre, aunque el margen de modificación del proyecto es poco porque los otros dictámenes propician el rechazo absoluto del proyecto
.

Confían en llevarse votos del PRO, como el de la menemista bonaerense Paola Spátola, que apoyó al oficialismo en la prórroga del Impuesto a las Ganancias. Incluso van a presionar a los partidos provinciales con una eventual dilación de la designación de los asesores para las comisiones y del personal para sus despachos para conseguir algún voto más. Aliados circunstanciales como Carlos Wilder (Tierra del Fuego), Gustavo Cantero (Corrientes) y Eduardo Lorenzo Borocotó, más siete diputados que responden a Adolfo Rodríguez Saá, y la duda de los legisladores de Luis Patti, podrían terminar por definir el número de 129 diputados necesarios para convertir en ley la reforma al Consejo de la Magistratura. Hoy, el Frente para la Victoria tiene 118 legisladores propios.

En ese sentido, ayer el gobierno nacional se mostró confiado en que el proyecto oficial para modificar el Consejo será aprobado «sin inconvenientes» pese a la férrea oposición que ejercen en el Congreso los radicales, aristas, macristas, provinciales y algunos transversales. «No tengo dudas de que va a salir sin ningún tipo de inconvenientes. Es un proyecto que tiene que ver con mejorar la calidad del instituto y permitir que funcione con la agilidad que debe funcionar», sostuvo el ministro del Interior, Aníbal Fernández. La iniciativa ya fue sancionada por el Senado -donde el oficialismo controla el cuerpo-, pero encontró serias dificultades en la Cámara de Diputados. Allí no sólo se enfrentó con un cerrado rechazo de la oposición, que incluyó a un sector del duhaldismo -Eduardo Camaño, Franciso de Narváez y Juan José Alvarez, entre otros-, sino que algunos legisladores kirchneristas como el neuquino Oscar Massei y hasta Rafael Bielsa también plantearon sus disidencias.

Dejá tu comentario

Te puede interesar