Ex ministro negó que hubiera pedido reprimir

El ex ministro de Justicia y actual diputado nacional, Jorge Vanossi, dijo ayer que preveía ya que la Justicia ordenase investigarlo por presunto falso testimonio en relación con los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pero se desligó de responsabilidad en los hechos porque «carecía de competencia».

Vanossi tomó distancia de la represión policial de junio de 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón de Avellaneda, en la que fueron asesinados Kosteki y Santillán, y aseguró que el Ministerio de Justicia -entonces a su cargo- «no tenía incumbencia para promover acciones o hacer denuncias» contra manifestantes.

El lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua por los homicidios de Kosteki y Santillán al ex comisario bonaerense Alfredo Fanchiotti y a su ex chofer en el Comando Patrullas de Avellaneda, Alejandro Acosta.

Además, aplicó penas de entre dos y cuatro años de prisión a otros cinco ex policías juzgados por encubrimiento en la bautizada Masacre de Avellaneda, y ordenó abrir una causa judicial por supuesto falso testimonio a Vanossi; al ex titular de la SIDE Carlos Soria; y a su entonces segundo, Oscar Rodríguez. «Era previsible; obviamente, la sentencia contemplaba creo que el pedido del familiar de una de las víctimas», respondió Vanossi a radio «La Marea» cuando le preguntaron por el fallo del tribunal.

Con todo, entendió que el Ministerio de Justicia, a su cargo cuando ocurrió la masacre, «no tenía ninguna incumbencia, por la propia Ley de Ministerios, para promover ninguna acción ni hacer denuncias». «Lo único que hice como ministro de Justicia fue poner en conocimiento del procurador general de la Nación los hechos que estaban aconteciendo. Si no lo hubiera hecho, hubiese incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público», argumentó.

De esta forma, Vanossi negó haber pedido a la SIDE -antes de la represión- información de inteligencia sobre los piqueteros, tal como declaró Soria en el juicio. Igual, evitó confrontar directamente con el ex titular de la Secretaría de Inteligencia, al plantear que descreía de «tesis conspirativas» y descartar que «alguien pretenda deslindarse responsabilidad» para adjudicársela a él.

• Contradicciones

La investigación por presunto falso testimonio fue ordenada por el tribunal a raíz de las contradicciones en las que incurrieron al declarar en el juicio los ex funcionarios sobre la actitud del gobierno antes y después de la represión que causó las muertes.

«La Ley de Ministerios le impide al ministro de Justicia la facultad de iniciar acciones judiciales», insistió Vanossi en su intento por tomar distancia de los hechos de junio de 2002, y reiteró que sólo puso «en conocimiento» del jefe de los fiscales de la Nación lo que ocurría en las calles.

«Todo el manejo de este operativo se realizó en la provincia de Buenos Aires; las fuerzas federales estaban en el puente (Pueyrredón), del lado de Capital Federal, de modo que si hay que investigar alguna responsabilidad política, son las autoridades de la provincia de Buenos Aires», advirtió.

En esa línea, descartó que el fallo del tribunal haya dejado escapar la responsabilidad política de los hechos y subrayó que lo que «quedó claro con la sentencia es que los condenados son de la provincia de Buenos Aires».

«No creo que haya ningún otro tipo de responsabilidad más que las que han sido investigadas en el juicio porque el tribunal tenía competencia para analizar todas las responsabilidades, de modo que, si no ha hecho más, es porque no había otras responsabilidades», concluyó.