Exiliados costarían $ 600 millones

Jorge Capitanich

Los exiliados de la década que va de 1974 a 1983, que puedan acreditar su condición de perseguidos o refugiados, quedarán en condiciones de recibir una indemnización, según un proyecto de ley que ya se está analizando en el Congreso y que cuenta con el impulso del gobierno.

Este beneficio podría costar al Estado -opinan allí- $ 605.690.000, en el caso de que se presentaran todos los beneficiarios y reclamaran por haber estado fuera del país el máximo de la ley.

Para cobrar, tendrán que acreditar que pidieron asilo en el exterior o que tuvieron la condición de refugiados de acuerdo con las reglas de la ONU. En definitiva, será Eduardo Luis Duhalde -o el secretario de Derechos Humanos de turno-el funcionario que otorgue o deniegue el beneficio.

La iniciativa, que excluye a quienes sufrieron prisión por motivos políticos, establece una tasación de $ 37 por cada día de permanencia forzada en el exterior -Duhalde pide el doble-, siempre y cuando haya sido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983. Las partidas saldrán del Presupuesto del Ministerio de Justicia, oficina de la cual depende Derechos Humanos.

De acuerdo con los cálculos serios que dicen manejar en el Ejecutivo -que mejoró el texto original del senador Marcelo López Arias (PJ-Salta) de marzo de 2003-, habría 5.000 exiliados en condiciones de reclamar esta reparación, la mayoría radicados en España, México y Francia (el monto de 605 millones surge de multiplicar la cantidad de exiliados estimados por 3.274 días, equivalentes a algo más de los 9 años fijados por el proyecto).

•Involucrados

La lista de posibles beneficiarios abarca no sólo a los ciudadanos argentinos nativos o por opción, sino también a los extranjeros con residencia en el territorio nacional. Podrán reclamarlo, asimismo, los herederos, en caso de fallecimiento, que hubieran sufridoel mismo destierro. También alcanza a los menores de edad, «que en razón de la persecución de sus padres o de sus tutores legales hubieren debido permanecer forzosamente fuera del país en el período indicado, hubieren nacido con anterioridad o en el exilio».

Habrá 3 formas de acreditar la situación:

a) por sola certificación de su condición y períodos de asilado, emitida por autoridad competente del país de asilo;

b) por sola certificación de su condición y período como refugiado conforme con la Convención sobre el Estatuto de Refugiados adoptada el 28 de julio de 1951, emitida por autoridad competente del país de refugio o por el representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Refugiados -ACNUR-;

c) por resolución judicial fundada del fuero federal por el procedimiento de informaciónsumaria declarativa, dando cuenta que el beneficiario ha acreditado que su exilio se debió a la existencia de temores fundados de persecución política con acciones represivas en su contra por parte del estado o de grupos paraestatales: de su permanencia fuera del país en el período de referencia por aquella causa y de las fechas de comienzo y fin de exilio».

La polémica se hace inevitable en el artículo 3, donde queda establecida la tasación del beneficio sobre la base del Decreto 993/91 (sueldos del personal civil de la administración pública). El PEN sugirió que sea equivalente a «la treintava parte de la remuneración mensual de los agentes nivel A del escalafón» ($ 74). Sin embargo,-en la Comisión de Presupuesto, que gerencia el chaqueño Jorge Milton Capitanich, podrían bajarla a la mitad, siguiendo la primera propuesta de López Arias que suscribieron el actual gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, el radical Mario Losada y la transversal frepasista Diana Conti ($ 37).

En la oposición, varios senadores consideraron que la sanción de esta ley, que, por supuesto, requiere la aprobación no sólo del Senado sino también de Diputados, puede resultar riesgosa, pues, además del gasto que significa, habilitaría otros planteos de resarcimiento, por caso, de los comerciantes que sufrieron saqueos en diciembre de 2001, cuando cayó Fernando de la Rúa.