Expertos contra la "ley Clarín"

La reforma a la Ley de Quiebras (también conocida como «ley Clarín» ya que fue creada para favorecer a este monopolio periodístico), aprobada el miércoles por el Congreso pese a la oposición del FMI, estimularía a las empresas a no pagar sus deudas al disipar la aplicación de sanciones, agudizando la recesión y la falta de crédito, dijeron economistas a la agencia «Reuters».

Inversores extranjeros y el FMI han expresado su oposición a la norma, por el temor a que genere una ola de incumplimientos de parte de empresas endeudadas.

La ley dispone la suspensión por 180 días de ejecuciones de bienes por incumplimiento de pago de deudas y de los pedidos de quiebras.

Pero esa suspensión será en realidad más extensa ya que, al no aclararlo en forma explícita, la Justicia interpretará el período establecido como de días laborales y no consecutivos, explicó el especialista en Derecho Comercial José María Miguens.

La ley, llamada «de emergencia productiva y crediticia», fue aprobada en el Congreso con el objetivo de dar un respiro a las golpeadas empresas locales tras casi cuatro años de recesión.

Miguens explicó que la nueva ley «iguala a aquellos que entraron en cesación de pagos hace dos años con los que cayeron en ese estado a partir de diciembre», cuando el gobierno impuso trabas al movimiento de dinero en los bancos, congelando parcialmente los depósitos.

«Vamos a tener una mezcla de buenos con malos», puntualizó el experto, asegurando que la ley es muy tentadora para las empresas que desean ampararse ante una eventual quiebra y que favorecería a aquellos que dejan de pagar obligaciones al posponer y por ende tornar casi inocuas las sanciones previstas para estos casos. « Usted paga si quiere. (La nueva ley) no me invita a presentarme en concurso (amparo por quiebra), pero me tienta» a hacerlo, agregó.

La norma establece que durante los 180 días de suspensión de las ejecuciones y los pedidos de quiebra, las empresas podrán formular propuestas para reestructurar sus deudas con los acreedores.

Pero el Congreso modificó el período de negociación exclusiva entre deudor y acreedor, que era de 30 a 60 días, para llevarlo a 180 días, lo que en la práctica significa un aplazamiento de la convocatoria de acreedores, generando mayores dudas sobre la posibilidad de resolver el diferendo comercial, agregó Miguens.

En la reforma de la norma, el Congreso eliminó el artículo 48, que posibilitaba que en caso de no convencer el deudor a sus acreedores en el período de negociación en exclusividad, podía ingresar un tercero que por su capacidad financiera asumiera pasivos de una empresa mal administrada.

Esto impide la capitalización de deuda, con el consecuente saneamiento de las empresas en cuestión, y ayuda a que los actuales dueños de grandes empresas endeudadas continúen al frente de sus negocios, sostuvo Miguens.

Tomas Pardina, letrado del estudio Alfaro Abogados, señaló que la norma tendrá un efecto devastador sobre el crédito. «Para adelante significa que para una empresa privada argentina va a ser virtualmente imposible conseguir crédito (...) nadie va a querer darle un crédito a una compañía que puede prácticamente decidir no pagar», explicó.

Pardina concluyó que la medida terminará entonces «aumentando el efecto recesivo» en una economía que no crece desde 1998.