La Cámara de Diputados dio media sanción en la madrugada de ayer al proyecto que facilita el reconocimiento de nuevos partidos políticos. Si el Senado convalida la votación de la Cámara baja de ayer a la madrugada, los apoderados de las agrupaciones en formación sólo necesitarán 1 aval cada mil empadronados en el distrito correspondiente, en lugar de 4 cada mil como exige la ley todavía vigente para poder presentar candidaturas locales.
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Para contar con personería nacional, bastará con completar el trámite en 5 provincias, de acuerdo con el texto que se aprobó por 183 votos a 2 en la última sesión del cuerpo.
La iniciativa, alentada desde el gobierno pero de autoría parlamentaria, llegó al recinto después de varias postergaciones y podría constituirse en una solución para franquear las denominadas candidaturas «independientes», ya que la Constitución nacional establece que las postulaciones se hacen exclusivamente a través de agrupaciones partidarias con personería.
La corrección de los decretos de convocatoria a las urnas -en especial, el capítulo de inter-nas abiertas que mereció objeciones de menemistas y radicales-destrabó el tratamiento de esta norma que forma parte de un paquete de leyes de reforma política.
El proyecto que flexibiliza los requisitos para la conformación de partidos votado ayer --mo-dificatorio de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos-establece que para poder participar de una elección los partidos deben estar reconocidos por la Justicia por lo menos dos meses antes de la realización de las internas.
• Exigencia
Aunque se hace una salve-dad, de carácter transitorio, para permitir que puedan estrenarse más organizaciones en los próximos comicios. A los debutantes se les exigirá que hayan presentado los papeles y no hayan sufrido impugnaciones.
Una de las primeras consecuencias, una vez que se apruebe la ley, es que aumentarán los pedidos de reconocimiento, especialmente en Buenos Aires, donde ya existen 68 sellos partidarios y se esperan varios centenares todavía en gestación de vecinalistas y otras fuentes.
La sanción resultó bastante sumaria y sin debate, ya que había un acuerdo previo en Labor Parlamentaria entre todos los jefes de bloque. Sólo el demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda hizo un pedido de aclaración sobre el articulado que el justicialista salteño Juan Manuel Urtubey, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se encargó de explicar sin demora.
Para evitar otras dilaciones, la arista Graciela Ocaña pidió que se insertaran los fundamentos del dictamen de minoría en la versión taquigráfica, de manera tal de colaborar con la celeridad de la sesión.
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