Fiebre de acuerdos con ausentes y "enfermos"

Los familiares de las víctimas de Cromañón invadieron el recinto de los legisladores porteños para presionar sobre la decisión en torno al enjuiciamiento de Aníbal Ibarra. Se turnaron por grupos de 30 para ocupar las gradas reservadas al público.

Para que Aníbal Ibarra pudiera eludir, ayer, el juicio político en su contra por el caso Cromañón, la jornada abarcó arduas tareas de convencimiento desde la mañana hasta el minuto previo en que pudo iniciarse la reunión de la Sala Acusadora que condenaría o no al jefe porteño.

Ausencias y supuestas enfermedades sumaron a favor del jefe de Gobierno, quien albergaría a cerca de media docena de diputados que abandonan sus bancas en diciembre y ayer le demostraban lealtad. Recién después del mediodía de ayer Ibarra pudo esbozar un suspiro: los votos no alcanzarían para desplazarlo de su cargo por el caso Cromañón. Así se mantuvo el jefe de Gobierno, en calma, al menos hasta las 16, cuando la reunión de la Sala Acusadora de la Legislatura porteña comenzó a realizarse en el recinto para definir si se abría el proceso de juicio político contra el jefe de Gobierno.

La Sala, compuesta por 45 de los 60 legisladores porteños, debía reunir 30 votos para sentenciar a Ibarra al juicio político y al inicio de la sesión contaba 29, un número que para que no llegara a 30 costó arduas negociaciones a partir de la media mañana, cuando la cuenta se revertía y los votos para enjuiciar al jefe de Gobierno llegaban a 31. Los macristas, la izquierda, el ARI y algunos bloques independientes como el que integra María Eugenia Estenssoro, el que comparten Milcíades Peña y Ariel Schifrin, y la ex macrista Sandra Bergenfeld, ya habían anticipado su voto a favor del juicio político, pero sumaban sólo 27.

A ese grupo se agregó el kirchnerista «Chango» Farías Gómez, en desobediencia con su bloque, luego la zamorista Noemí Olivetto y otra kirchnerista, Mónica Bianchi. En ese punto, los conciliábulos se hicieron incesantes, al tiempo que el hasta el miércoles macrista Eduardo Borocotó llamó por teléfono al presidente de la Sala, Santiago de Estrada, para solicitarle las medidas de seguridad necesarias para poder ingresar en el recinto, decisión que tomó luego del escrache que le hicieron en su casa los familiares de las víctimas de la tragedia del local bailable.

Al mismo tiempo, Olivetto, la esposa de Luis Zamora, reproducía que, «por solidaridad» con los padres de los fallecidos votaría en contra de Ibarra. El jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, nunca habrá acrecentado tanto su cuenta de teléfono, comunicándose con sus principales operadores en la Legislatura y algunos diputados, especialmente los del bloque oficialista que le anunciaban una situación tan difícil que no alcanzaba a resolver un cargo prometido para Bianchi en el Gobierno porteño; tampoco más secretarías para el oficialismo en el staff de Ibarra. Después de todo, ayer en el recinto había al menos cinco diputados que pasarían al Ejecutivo de la Ciudad si no se alcanzaba el voto 30.

• Ausencia por enfermedad

El kirchnerismo anunció, sobre el inicio de la reunión, que Farías Gómez se encontraba con problemas de salud (efectivamente, había sido internado por un problema cardíaco), lo mismo que la independiente Mirta Onega y el radical Roberto Vázquez, y seguramente Bianchi, que no ingresó en el debate. De ese modo, el voto que sumaba Borocotó lo bajaba «el Chango»; las ausencias de Bianchi, Vázquez y Onega sumaban a favor de Ibarra, pero la entrada del propio Luis Zamora en el recinto dio a entender al oficialismo que el jefe de la Ciudad apenas quedaba a un voto de la condena. En ese clima comenzó la sesión con la presentación del caso a cargo del macrista Marcelo Godoy, quien presidió la comisión investigadora de juicio político.

Fuera de la Legislatura, el fuerte operativo de seguridad había comenzado temprano, con la colocación de un doble vallado en un perímetro de una cuadra a la redonda, por el cual sólo podían ingresar las personas autorizadas previamente. Más de 600 policías de la Federal fueron asignados a ese despliegue que incluyó un doble control a las personas, primero en la intersección de Chacabuco e Yrigoyen y luego a veinte metros de las puertas del Palacio de Perú 130.

Unos doscientos familiares de los jóvenes fallecidos en el local bailable estuvieron autorizados a presenciar el debate, mientras un grupo semejante se mantuvo en las puertas de la Legislatura manifestando en contra de Ibarra, muñidos de fotos de sus hijos muertos, pancartas y afiches con leyendas adversas al Gobierno de la Ciudad y también al nacional. Detrás del segundo vallado se apostaban grupos de piqueteros, mientras en los pasillos de la Legislatura (los que rodean el circular recinto, los únicos habilitados), los familiares también se mantuvieron para vivar a los diputados del macrismo y repudiar al oficialismo a medida que escuchaban sus discursos.