Fiscal recomienda entregar información de los Moyano a la justicia suiza

El juez federal Norberto Oyarbide podría demorar hasta un mes la respuesta a la justicia suiza.

El fiscal federal Jorge Di Lello recomendó al juez Norberto Oyarbide entregar la prontuario judicial del titular de la CGT, Hugo Moyano, y su entorno familiar, como solicitó la Justicia suiza aunque remarcó que "se cumplan ciertas formalidades" como la traducción del delito que se investiga. Ahora, el planteo deberá ser definido por el magistrado.

Luego de cancelar inesperadamente una licencia que lo iba a alejar por 30 días de los tribunales de Comodoro Py, Di Lello dio curso al exhorto enviado desde Suiza para indagar en qué causas están vinculados los Moyano. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que Oyarbide debe dar trámite lo antes posible a ese pedido de informes sobre las actuaciones judiciales existentes en la Argentina y le giró el expediente. Sin embargo, exigió que antes de responder a Suiza a "se cumplan algunas cuestiones formales" que tendrían que ver con la traducción y trascripción de los delitos que se investigan en Europa

La solicitud de cinco carillas firmada por el fiscal general de Suiza, Erwin Beyeler, llegó a manos de Oyarbide por un sorteo de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. A la Cámara se la remitió la Cancillería que dirige Héctor Timerman.

Cuando el magistrado recibió el expediente dio inmediata intervención al fiscal de turno, que por la licencia de Di Lello era Gerardo Pollicita. Pero Di Lello consideró que el asueto podía esperar y volvió a la actividad tan pronto pudo.

La fiscalía suiza pidió los antecedentes judiciales de Moyano a la Justicia argentina luego de trabar una operación bancaria del propietario de Covelia, una empresa de recolección de residuos con presencia en municipios bonaerenses.

Según reveló Ámbito Financiero, en Suiza interdictaron una transferencia o depósito en un banco de ese país por 1.870.000 dólares que habían realizado el presidente de Covelia, Ricardo Rubén Depresbíteris, y su mujer, Elvira Marcela Mete, que figura como directora suplente de acuerdo a los registros comerciales. Ningún Moyano tiene relación accionaria en esa firma.

A partir de las sospechas que surgieron por esa operación, las autoridades judiciales suizas buscaron información sobre Covelia y se toparon con notas periodísticas en la Argentina que dan cuenta del presunto vínculo entre Moyano y esa compañía. En caso de referirse a una serie de notas sobre Covelia que publicó el diario Clarín entre enero y febrero, al líder camionero le servirá para ligar la inquietud de Suiza con la pelea entre el grupo de medios y el oficialismo.

En la puerta de su casa, Oyarbide coincidió con las observaciones de Di Lello en su escueto dictamen de una carilla. "Resta material por llegar y estimo que es muy probable que el señor fiscal aguarde la llegada de todo ese material para poder pronunciarse", explicó el juez. "La sociedad Covelia es una sociedad de procesamiento de residuos fundada en 1999. Su crecimiento fue espectacular y esto estaría vinculado a la llegada al poder de Hugo Moyano, esto es lo que se me anticipa en pocas líneas en el exhorto", completó.

De hacer lugar al pedido de información, se prevé que el juez Oyarbide certifique las causas que tramitan contra Moyano en la Argentina, sumada a la que él lleva adelante contra la obra social de los camioneros (OSCHOCA) en el marco de la investigación por la denominada "mafia de los medicamentos".

Otra de las causas que más complican a Moyano es aquella que tiene a su cargo el juez federal Claudio Bonadío por presuntas irregularidades en los reintegros de la APE (Administración de Programas Especiales) a la OSCHOCA, a raíz de que esta última habría presentado troqueles apócrifos para cobrarlos.

También el juez Ariel Lijo investiga a Moyano por presunto lavado de dinero a raíz de cheques de la obra social de Camioneros, de la mutual del sindicato y de Droguería Urbana (la que proveyó de medicamentos a la anterior), muchos de los cuales fueron aportados a la campaña kirchnerista de 2007. Ahora, el planteo deberá ser definido por el juez Oyarbide,