Caso Adorni: la Justicia analiza chats entre su secretaria y el contratista que remodeló la casa de Indio Cuá

El fiscal Gerardo Pollicita incorporó conversaciones halladas en el celular del contratista Matías Tabar. Los mensajes fueron intercambiados con Gisela Kocsis, colaboradora de Manuel Adorni, e incluyen fotos de electrodomésticos y artículos para el hogar que habrían sido destinados a la vivienda del funcionario. La Justicia analiza además una factura por más de $8 millones emitida a nombre de la empleada estatal.

Entre la documentación incorporada al expediente apareció una factura por más de $8 millones emitida en una reconocida firma de blanquería y artículos para el hogar, operación que figura a nombre de Gisela Kocsis.

El fiscal Gerardo Pollicita analiza conversaciones y fotos halladas en el celular del contratista Matías Tabar -quien estuvo a cargo de las obras en la vivienda que Manuel Adorni posee en el country Indio Cuá- intercambiadas con una colaboradora del jefe de Gabinete y relacionadas con distintas compras vinculadas a la propiedad.

Según fuentes de la investigación, la secretaria de Adorni, Gisela Kocsis le enviaba a Tabar fotos de electrodomésticos, y artículos que se sospechan eran para Adorni, para la casa de Indio Cuá.

Kocsis podría ser citada a declarar como testigo en la causa que impulsa el fiscal Pollicita, aunque por ahora no fue convocada, según las fuentes consultadas.

Los nuevos elementos surgieron a partir del peritaje realizado sobre el teléfono de Tabar. Entre la documentación incorporada al expediente apareció una factura por más de $8 millones emitida en una reconocida firma de blanquería y artículos para el hogar, operación que figura a nombre de Gisela Kocsis.

Se trata de una empleada del área de Comunicación del Estado que, según registros oficiales, se desempeñaba como secretaria privada de la entonces vocería encabezada por Adorni durante 2025.

A partir de ese hallazgo, los investigadores comenzaron a reconstruir los intercambios entre la funcionaria y el contratista para establecer quién realizó efectivamente las compras, quién las pagó y cuál fue el destino final de los productos adquiridos.

Según fuentes judiciales, Kocsis le enviaba a Tabar fotos de distintos artículos que habrían sido adquiridos para la casa de Adorni. La sospecha bajo análisis es si la empleada intervino únicamente como nexo administrativo o si su nombre fue utilizado para facturar gastos destinados a la residencia del actual jefe de Gabinete.

La factura que más llamó la atención de los investigadores corresponde a una compra realizada en junio de 2025 e incluye artículos de ropa blanca y equipamiento para el hogar. La Justicia ya solicitó información complementaria al comercio para verificar detalles de la operación y la modalidad de pago utilizada.

La pesquisa se desarrolla en paralelo con otras medidas impulsadas por Pollicita para reconstruir el flujo de fondos destinado a las reformas de la casa de Indio Cuá.

En ese marco, Tabar ya había aportado facturas, remitos, presupuestos y capturas de pantalla de conversaciones vinculadas a la obra. Además, ratificó ante la Justicia que los trabajos tuvieron un costo total de aproximadamente 245.000 dólares y que parte de los pagos fueron realizados en efectivo.

Con los nuevos chats incorporados al expediente, el fiscal busca determinar si existieron otras compras relacionadas con la vivienda que no habían sido identificadas hasta ahora y si fueron canalizadas a través de terceros.

La documentación secuestrada en el teléfono del contratista se convirtió así en una de las principales fuentes de prueba de una causa que sigue sumando medidas y que mantiene bajo la lupa el patrimonio del funcionario.

Ordenan investigar una denuncia por presunto amedrentamiento a vecinos de Indio Cuá

La Cámara Federal porteña resolvió que continúe en Comodoro Py la investigación de una denuncia que apunta a determinar si se utilizó personal de Gendarmería Nacional para custodiar el barrio privado Indio Cuá, donde reside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un operativo que, según la acusación, habría tenido una “presunta finalidad de amedrentamiento sobre los vecinos” del complejo.

El camarista Eduardo Farah rechazó que el expediente fuera enviado a la Justicia Federal de Campana y ordenó que siga tramitando ante el Juzgado Federal N°3 de la Capital Federal, al considerar que todavía no se realizaron medidas mínimas para determinar qué ocurrió.

La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que existió “el despliegue permanente de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina en la puerta del barrio privado Indio Cuá” sin sustento legal suficiente y con una supuesta intención intimidatoria hacia los habitantes del lugar.

Según recordó el fallo, la legisladora denunció “el despliegue permanente de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina en la puerta del barrio privado Indio Cuá —partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires—, donde reside el Sr. Manuel Adorni junto a su grupo familiar”, y sostuvo que esa custodia habría sido dispuesta “sin acto administrativo fundado, sin evaluación técnica de riesgo, sin requerimiento judicial y con presunta finalidad de amedrentamiento sobre los vecinos del complejo”.

También mencionó “la emisión por parte del propio funcionario denunciado de mensajes intimidatorios dirigidos a esos vecinos a través del grupo de WhatsApp del barrio”.

La denuncia apunta a determinar eventuales responsabilidades de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; de Adorni, en su carácter de jefe de Gabinete; de integrantes de Gendarmería Nacional y de cualquier otra persona que pudiera surgir de la investigación.