El fiscal federal con competencia electoral nacional, Jorge Felipe Di Lello, apeló ayer el fallo de la jueza María Servini de Cubría que decretó la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 25.611, que obliga a todos los partidos a realizar elecciones internas abiertas y simultáneas. Uno de los puntos que atacó jurídicamente Di Lello es este criterio de Servini de nulificar la simultaneidad, pero mantiene el carácter de abiertas en distintas fechas. «Eso podría dar lugar a presuntas maniobras en perjuicio de uno de los candidatos de los partidos convocantes», sostiene el escrito del fiscal.
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La apelación de Di Lello coincide con la misma decisión adoptada por el Ministerio del Interior.
Las otras objeciones del fiscal apuntaron a revocar la decisión de Servini de permitir que el juez electoral integre la Junta Electoral partidaria y luego guardarse la facultad de decidir como magistrado competente. Di Lello sostiene que se vulnera la garantía de poder mantener la doble vía jurisdiccional: el organismo administrativo interno, primero, y la vía judicial como instancia de apelación, transitando el recurso por el juzgado, cámara y eventualmente, Corte. También Di Lello critica que no se hayan unificado los expedientes con los distintos recursos presentados contra la interna como la diagramó el gobierno porque ello genera un dispendio procesal al tener que resolver caso por caso y presumiblemente en forma contradictoria, entre si.
En Tribunales se consideraba ayer que ante ambas apelaciones, la jueza concederá el recurso pero no lo hará de inmediato. Primero tendrá que notificar a las partes de ambas medidas interpuestas por el Poder Ejecutivo y el representante del ministerio Público y recién después enviar el expediente a la Cámara Nacional Electoral. En este tribunal existe cierta molestia por lo que consideran «maniobras políticas para hacerlos aparecer como eventuales responsables del atraso del cronograma electoral» aunque creen que por el momento no peligra la fecha de las elecciones presidenciales convocadas para marzo. Pero el problema con estas últimas no es de plazos sino de fondo, en el caso de que algún ciudadano cuestione la legitimidad de Eduardo Duhalde para convocar al acto eleccionario.
Tanto en la cámara como en la Corte existen voces que alertan sobre la necesidad de que una Asamblea Legislativa ratifique la decisión presidencial. Para ello se argumenta que la anterior asamblea le otorgó al entonces senador Eduardo Duhalde un mandato expreso de completar el mandato trunco de Fernando de la Rúa.
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