Piden archivar una denuncia penal del diputado Iglesias contra el Presidente

Política

El fiscal Ramiro González consideró que el debate por los fondos de la Ciudad de Buenos Aires debe ser dirimido por la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra el expediente.

El fiscal Ramiro González se pronunció por archivar una denuncia efectuada por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez y Fernando Iglesias, contra el presidente Alberto Fernández por malversación de caudales, por el decreto del año pasado por el que se puso en vigencia el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Según los denunciantes, el Presidente mediante el dictado del Decreto Nº 735/2020, habría incurrido en una malversación de caudales públicos “dado que dio a los fondos que se reasignan un destino diferente al que correspondía conforme a la legislación vigente”.

Asimismo, los denunciantes indicaron que el Decreto 735/2020 no sólo resultaba ser inconstitucional, sino que además era nulo por carecer de fundamentación. Manifestaron que resultaba falso el argumento mediante el cual la modificación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires fue establecida por sucesivos decretos presidenciales y que dicha situación permitiría revertirla, dado que no sólo se trataban de partidas que una vez establecidas no podían ser modificadas, sino que además formaban parte de los Compromisos Comunes asumidos por las provincias y la Nación en el Consenso Fiscal 2017.

El fiscal concluyó que “teniendo en cuenta que los hechos que dieron inicio a la presente causa estarían siendo actualmente considerados por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no restando -por el momento otras medidas de prueba pendientes de producción tendientes a esclarecer el presente hecho, habré de solicitar el archivo de las actuaciones por no poder proceder”.

“No debe soslayarse que en estos obrados no sólo se vislumbra un conflicto existente entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que además la naturaleza del mismo a todas luces se vincula con cuestiones estrictamente federales que habilitarían, prima facie, la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, nótese que a lo largo de la instrucción se ha podido corroborar que actualmente tramita ante nuestro máximo tribunal de justicia la causa CSJ 1141/2020 caratulada “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ amparo – decreto 735/PEN/2020 (expediente digital)”, en el marco de la cual se discute la validez de la norma aquí cuestionada por los denunciantes”, recordó el fiscal.

“En efecto, dar trámite en este fuero a lo aquí planteado por los denunciantes podría conllevar a una solución contraria a la que oportunamente adopte nuestro más alto tribunal de justicia, con la gravedad institucional que ello podría aparejar, más aún cuando la cuestión debía ser sometida a la competencia originaria del referido tribunal”, concluyó el fiscal.

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