El contador Alfredo Popritkin, que investigó el destino de fondos reservados de trece organismos nacionales durante el período 1988-2001, dijo que en el caso de las Fuerzas Armadas no ha sido posible acceder a esos datos porque «la documentación y los registros no han sido puestos a disposición» y reconoció que «hubo algo» de destrucción de documentos.
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Una de las imputaciones hechas era que en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, no existían comprobantes de gastos porque habían explicado que se quemaban año tras año. En la consulta hecha por este diario fue confirmado esto, porque hay una norma reservada que los autoriza.
Precisó Popritkin que el estudio pericial comenzó «con una indicación de investigar once años que comprendían el período de 1990 hasta el año 2000, pero luego, por una información acercada por el Ministerio de Economía que asigna los fondos del Presupuesto nacional y concretamente los reservados, se amplió la investigación al lapso 1988-2001». Es decir, que abarcó también las administraciones de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
Los organismos nacionales que reciben fondos reservados por Presupuesto son el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y el de Defensa, Presidencia de la Nación, SIDE, Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Interior y el Sedronar. A través de Defensa, que redistribuye las partidas presupuestarias, también lo hacen el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Popritkin además aclaró que de su investigación no surgieron los nombres de los dos oficiales del Ejército denunciados por enriquecimiento ilícito ya que ésa no era la finalidad de su trabajo. Popritkin, quien se desempeñó como perito-contador de la Corte Suprema de Justicia, precisó que la investigación no apuntó a determinar quién manejaba los fondos dentro de la estructura del Ejército sino que «sólo se intentó obtener información relativa a los conceptos, a los motivos y en dónde se habían aplicado esos fondos».
El contador insistió en que los nombres de los dos militares acusados por el abogado Ricardo Monner Sans de presunto enriquecimiento ilícito (aludiendo al coronel retirado Gustavo Omar Poch y el teniente coronel Roberto Genaro Rodríguez) no surgieron de su pericia porque ésta «no alcanzó a este tipo de objetivos». Monner Sanz dijo en su denuncia que con una «gran base de respaldo» que le otorga un informe elaborado por un perito-contador de la Corte Suprema (Popritkin) sobre el uso de $ 4.152 millones que fueron distribuidos, en carácter de fondos reservados, entre 13 organismos públicos desde 1998 hasta 2001. Sin embargo, Monner Sans advirtió que ese perito de la Corte «está siendo sumariado por haber llegado a desentrañar verdades respecto de los manejos ocultos de dinero en la Argentina».
El contador, por su parte explicó que «nosotros hemos analizado conceptos genéricos, nuestra tarea ha sido un trabajo inicial y de grandes números acerca del origen y el destino conceptual de cada una de esas partidas», aseveró Popritkin en sus declaraciones.
Explicó que trabajó «sobre la totalidad de los organismos que en estos años fueron receptores de fondos reservados», y señaló que «en los trece organismos que en estos períodos han recibido fondos, las situaciones son disímiles». Detalló que hubo organismos que «pusieron a disposición documentación relativa a aplicación final de estos fondos reservados» y otros que «ni siquiera intentaron responder a los requerimientos» formulados.
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