Garrahan

Chiche Duhalde reclamó ayer que el gobierno deje cesantes a los activistas que promueven la huelga del hospital de niños Garrahan porque desatienden a los pacientes. Una audacia como candidata en un país en el cual los postulantes a cargos se deshacen en zalemas hacia los sindicalistas para halagarlos, buscar su anuencia y aparecer consintiendo la protesta. En ese hospital dirigentes de ATE han causado ya la suspensión de casi 200 operaciones de niños y el paro continúa. La candidata a senadora se dio el lujo además de hablar bien del ministro de Salud Ginés González García, que lo fue también de su esposo Eduardo y que ahora milita en las antípodas, el kirchnerismo. Es porque este funcionario acusó a los sindicalistas de ser «terroristas».

Los trabajadores del Garrahan se mantienen firmes. Hilda Chiche Duhalde pidió que los delegados sean desplazados. El problema de los niños enfermos se agudiza.

El conflicto del hospital Garrahan ya supera los límites tolerables de los conflictos gremiales por aumentos de sueldos, para convertirse en un hecho que puede traer consecuencias imprevisibles. Hilda Chiche Duhalde, por caso, reclamó ayer el despido de los gremialistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con duros términos, pues entiende que «no están detrás de reivindicaciones legítimas, sino que sólo quieren el conflicto» por sí mismo.

La candidata a senadora por el PJ bonaerense felicitó al titular de la cartera sanitaria, Ginés González García por la «firmeza» con la que enfrenta el conflicto en el principal hospital pediátrico de América latina. Aunque tuvo especial cuidado en separar los temas, fundamentalmente lo que representa este caso particular del Garrahan con el enfrentamiento que mantiene con el gobierno de Néstor Kirchner al reiterar aquella consigna de que «miente, miente, que algo quedará».

Chiche Duhalde tampoco dejó escapar la oportunidad para deslizar una crítica a Solá: al advertir que esta serie de situaciones se producen porque «en Buenos Aires no hay gestión», que la provincia «está mal, muy mal» y citó lo que sucedía en hospitales del cordón bonaerense como en el propio Posadas. Los problemas existentes en el ámbito de la sanidad y seguridad en este momento son clave, por lo que según señaló se deben «recuperar los fondos de coparticipación que (Raúl) Alfonsín nos quitó de la provincia, para mejorar la calidad educativa y la salud».

• Rechazo

Las declaraciones de la diputada se produjeron cuando se cumplía el tercer día de paro, y casi al mismo tiempo de que el juez de instrucción Deffis Niklisson rechazaba un pedido para que se citara a 13 enfermeros para prestar declaración indagatoria, por la situación planteada que obligaba a postergación de cerca de 200 cirugías programadas y cuando las autoridades anticipaban que de continuar la medida de fuerza estaban obligados a derivar pacientes a otros hospitales. Algo improbable si se tiene en cuenta que no hay sitios similares que tengan la misma tecnología de avanzada.

El pedido de declaración había sido pedido por el fiscal César Augusto Troncoso a los enfermeros a quienes imputó por la presunta comisión de delito de «abandono de persona» y manifestó que «existe riesgo concreto» de que la situación empeore, más si se piensa que los delegados gremiales se mantienen intransigentes en sus reclamos y anticipan que la semana próxima -si no encuentran soluciones definitivas al petitorio gremial- el paro se extenderá a 96 horas.

• Manos atadas

Sin embargo, el juez Niklisson podría acceder al pedido del fiscal Troncoso si es que Carlos Tomada decide desde el Ministerio de Trabajo a su cargo tomar la responsabilidad de declarar la ilegalidad de las medidas de fuerza, que según trascendió ayer a última hora se estaba estudiando en la cartera laboral detenidamente. Más aún, las propias palabras de Niklisson son más que elocuentes: «En el juzgado estamos con las manos atadas mientras que Trabajo no declare la ilegalidad del paro del Garrahan», aseguraron.

Como se recordará, el sector duro de ATE viene planteando un sueldo básico de $ 1.800, más 600 pesos de adelanto, 2% de aumento por antigüedad y la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, que hace algunos días los calificó de «terroristas sanitarios».