Gils Carbó se defendió por la compra del edificio de la Procuración

Alejandra Gils Carbó.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó un escrito ante el fiscal federal Eduardo Taiano, en el que sostuvo que la compra de un edificio para el organismo que encabeza pasó por todas las instancias de control con un "riguroso cumplimiento" de los pasos administrativos, sin que haya habido un perjuicio a las arcas públicas.

En el escrito, entregado por el abogado defensor de la funcionaria, Alejandro Rúa, Gils Carbó admitió sin embargo que pudo haber "un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia", según informaron fuentes judiciales.

Taiano tiene delegada por parte del juez federal Julián Ercolini la investigación por supuestas irregularidades en pago de comisiones para la compra del nuevo edificio de la Procuración y dispuso que esta semana inicien pericias sobre computadoras y soportes informáticos secuestrados en allanamientos.

La causa está en secreto de sumario y mientras tanto Gils Carbó, imputada, presentó el escrito en el que aseguró que tomó medidas desde que, por la prensa, "se anotició de la presunta existencia de irregularidades en la adquisición del inmueble" de la calle Perón 667, sede de la Procuración.

En concreto, aludió a uno de sus colaboradores, suspendido, quien habría usado la información "en beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo".

"Las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo", aseguró.

En el detalle de lo ocurrido, la funcionaria refirió que a raíz de publicaciones periodísticas se abrió un sumario interno y se estableció que Guillermo Bellingi, el funcionario suspendido, "había tenido participación en el proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble de la calle Perón".

Gils Carbó puntualizó también que "resultaba altamente probable un vínculo familiar con Juan Carlos Thill", presunto familiar del funcionario que habría cobrado una comisión millonaria por la operación.

"La procuradora dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo orientado a dilucidar la responsabilidad del nombrado y a estudiar integralmente ese proceso licitatorio a fin de determinar cualquier responsabilidad que por esos hechos pudiera corresponder", agregó en el escrito.

"Esta Procuración tomó todas las medidas a su alcance para un pronto y eficaz esclarecimiento de los hechos", concluyó.

El viernes último, Gils Carbó presentó un escrito ante la comisión bicameral parlamentaria de Seguimiento y control del Ministerio Público, donde rechazó que existieran irregularidades en la compra del edificio para ese organismo, aunque señala que tuvo que suspender preventivamente y abrir un sumario contra un funcionario de la Procuración para investigar si hubo un "uso indebido de información".

La compra del inmueble fue cuestionada porque su propietaria, Arfinsa, pagó comisiones por 7,7 millones de pesos, y uno de los que cobró una factura es Juan Carlos Thill, hermano de Guillermo Bellingi, quien, como subdirector general de la Procuración, participó en el proceso licitatorio por la compra del edificio.

Gils Carbó señaló que la compra se hizo mediante "un procedimiento que contó con la intervención de todos los órganos de control internos y externos competentes, se alcanzó la adquisición de un inmueble con las características técnicas buscadas y a un valor inferior al precio de mercado".

En ese sentido, la funcionaria señaló que, por el inmueble de 5.312 m2, se abonaron 43.850.000 de pesos, mientras que el Tribunal de Tasaciones de la Nación calculó que ese edificio valía 45.050.000 de pesos.