Clima de crisis se respiraba anoche en el Ministerio de Salud, a raíz de una reestructuración del área que se está estudiando en la Jefatura de Gabinete. Como es sabido, entre los múltiples «platitos chinos» que mantiene girando, Alberto Fernández controla también buena parte del sanitarismo nacional. En especial el que tiene que ver con el PAMI.
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Ahora Néstor Kirchner, a través de Fernández, haría sentir más su influencia sobre un área clave del Estado: la Superintendencia de Salud, que hasta ahora conduce Rubén Torres; y la Administración de Programas Especiales (APE), a cargo de Eugenio Sanarini.
Esos dos funcionarios, se preveía anoche, podrían ser reemplazados en una reestructuración del gabinete que Kirchner está pensando más en las segundas líneas que en los cargos ministeriales. No es un tema intrascendente el de este aparato administrativo de la salud: desde allí se regula la víscera más sensible del sindicalismo, la caja de las obras sociales, que reciben subsidios desde la APE. Kirchner le quitaría el control de ese resorte al ministro Ginés González García, demasiado ligado al gremialismo de Carlos West Ocampo (es decir: al sector que rodeó a Chiche Duhalde en la última elección bonaerense).
Se trata de una decisión crucial para un momento en que en el país asoma la inflación y, con ella, la presión salarial y sindical. La estrategia del Presidente y de Fernández parece ser la más adecuada. También Carlos Menem cuando quiso disciplinar a los sindicalistas durante las privatizaciones echó mano de la Superintendencia (entonces llamada Anssal). Fue a través del gastronómico Luis Barrionuevo quien, de paso, dividió a la CGT. Ahora el santacruceño prepara, por lo escuchado anoche, una operación similar. ¿Superará González García el embate? Un dato clave para saberlo: la viceministra Graciela Rosso, diputada electa, permanecería en su cargo. ¿Será la sucesora?
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