Gobierno descarta "por ahora" intervenir La Rioja

Aníbal Fernández.

El Gobierno no planea "por el momento" intervenir la provincia de La Rioja, aunque considera que allí existen "cosas que colisionan con la vida republicana", aseguró ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

"En La Rioja hay un conflicto severo de avasallamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo que tiene que resolverse, y nosotros aspiramos a que se resuelva con las propias herramientas de la provincia y que no tenga que actuar el Gobierno" nacional, señaló Fernández en declaraciones radiales.

Además, el titular de la cartera política descartó que "por el momento" el Gobierno nacional tenga planeado disponer la intervención de La Rioja, a pesar de la grave crisis institucional.

"Hay cosas que colisionan con la vida republicana, que aspiramos se resuelvan con las herramientas legislativas y constitucionales" de la provincia, expresó Fernández en alusión a la crisis derivada de la pelea entre el gobernador Ángel Maza y el vicegobernador Luis Beder Herrera.

Y agregó: "Por ahora, seguimos en esta situación, con el tema analizado. Nosotros esperamos que no tenga que actuar el Gobierno nacional, es el objetivo perseguido por nosotros".

El gobierno dejó trascender el miércoles que en caso de que avanzara un juicio político contra el gobernador Ángel Maza dispondría una intervención de los tres poderes por 90 días.

Tras el dictamen de la comisión investigadora de Diputados, que aconsejó el jueves suspender y llevar a juicio político al gobernador, los legisladores que responden a Beder Herrera y que controlan la Sala Acusadora, deben decidir ahora si avanzan sobre el mandatario.

Fuentes legislativas deslizaron que la Sala se reuniría en los primeros días de la semana próxima y que la decisión sobre lo que hará, está en manos del vicegobernador.

Tres de los cinco miembros integrantes de la Comisión Investigadora emitieron su dictamen que sería puesto a consideración de la Sala Acusadora durante los primeros días de la semana próxima.

El dictamen aconseja llevar adelante el juicio político en contra del gobernador por "mal desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento a su cargo y delito común" y alcanza también al fiscal de Estado Alfredo Pedrali y al secretario de la Gobernación Roberto Catalán.

Es en el caso que investiga supuestas irregularidades en la expropiación de tierras en la zona sur de la capital, por donde luego se construyó la Avenida de Circunvalación.

La Sala Acusadora puede aceptar o rechazar el dictamen y necesita los dos tercios de los votos presentes cuando fuere favorable la acusación.

En caso de ser aprobado, el gobernador quedaría automáticamente suspendido y el proceso pasaría a manos de la Sala Juzgadora que resolverá si lo destituye.