El gobierno llevará desde esta semana la discusión de la ley que confiere facultades especiales al jefe de Gabinete para modificar el Presupuesto nacional al terreno de los antecedentes históricos en la materia. Más precisamente se hará énfasis en la Ley 25.414 que hacia el final del gobierno de Fernando de la Rúa le otorgó «superpoderes» a su gobierno, en realidad a Domingo Cavallo. Una explicación de esos argumentos podrá escucharse mañana en el recinto del Senado cuando Alberto Fernández concurra a dar su informe mensual y la oposición aproveche para lanzar la discusión contra el nuevo proyecto.
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El jefe de Gabinete dirá entonces que una cosa es modificar el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y, otra, los poderes que se le cedieron a la Alianza en 2001.
Así recordará Fernández que Cavallo pidió poder para garantizar deuda pública con la recaudación; para fusionar organismos públicos; cambiar la ley de ministerios; crear o eliminar exenciones impositivas, modificar contratos o pólizas de seguros y modificar el régimen de estabilidad de los empleados públicos. Aunque por otra parte, el gobierno no podía por esa ley crear nuevos impuestos -más allá del tributo al cheque que se creaba y sobre el que no se aplicaba la coparticipación a las provincias, verdadero sentido del paquete de superpoderes que pidió Cavallo-, debía informar a una comisión bicameral sobre el uso de esos poderes y, además, se otorgaban sólo por un año y no en forma permanente.
Respuesta
Una de las primeras respuestas de la UCR al jefe de Gabinete será utilizando a los propios peronistas de entonces: el mendocino Ernesto Sanz recordará que esa comisión bicameral que debía controlar los poderes conferidos a Cavallo, estaba presidida por el peronista Carlos Verna -entonces, senador y ahora gobernador de La Pampa-.
Pero el argumento más interesante que lanzará el radicalismo será sobre la «oportunidad» en que se conferirán los poderes especiales, un razonamiento doctrinario incluido también en la Constitución nacional como requisitopara la delegación extraordinaria y por tiempo acotado de poderes al Ejecutivo. Se comparará, entonces, la situación actual con lo que sucedía en medio de la crisis de 2001. El mendocino Raúl Baglini, temido por algunos integrantes del gobierno en estas discusiones institucionales, está trabajando en esos argumentos desde el fin de semana. Se hablará del debilitamiento institucional del momento y de una «moneda atada al dólar entonces extraordinariamente fuerte con ganancias productivas en el país emisor de esa moneda mientras teníamos pérdidas en el nuestro, tasas de interés internacional altas, materias primas con precios deprimidos y una recesión prolongada de nuestra economía» y en el recinto se oirá: «Comparar las facultades delegadas a De la Rúa en 2000 o las aun superiores de la ley de emergencia económica de enero de 2001 a Duhalde con el momento actual es un despropósito...».
El radicalismo, además, ingresará en esa pelea con un condimento extra de entrada: la discusión por los medios que tuvo en las últimas 48 horas Raúl Alfonsín con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior. Alfonsín consideró que aprobar ese proyecto era el equivalente a decretar la «muerte de la República».
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