Bajo cambios de senadores de último momento poco transparentes, legisladores oficialistas y del peronismo de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional del Senado dictaminaron un proyecto para implementar un nuevo régimen en la industria del software, que buscará ser sancionado durante el corriente mes. La iniciativa ya cuenta con el aval de Diputados, que votó una iniciativa unificada sobre la base de textos del escurridizo Luciano Laspina (PRO), Marco Lavagna (Frente Renovador) y el demócrata cristiano Juan Brügge, que responde al PJ cordobés.
Guiño a nuevo régimen de software
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El proyecto tendrá vigencia desde 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029, y desde el Ejecutivo deslizan que se duplicarán empleos del sector de 215.000 a 430.000 y se generarán exportaciones anuales por u$s15.000 millones. En Diputados, la izquierda fue la única que se opuso durante la votación en general, aunque el Frente para la Victoria también rechazó artículos durante su tratamiento en particular y aprovechó la discusión de la ley -el filochavista Daniel Filmus, entre otros-, para criticar al Gobierno por los recortes en ciencia y tecnología.
La sanción del nuevo régimen de software también provocará enojos en el piquetero papal K Juan Grabois, tras el penoso cruce que activó en redes sociales contra el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, uno de los referentes del área que fomenta el Gobierno nacional y además uno de los principales interesados en el proyecto.
En los fundamentos del proyecto, Laspina, Lavagna y Brügge señalaron que “ha sido elaborado sobre la base de los instrumentos consagrados en la reforma tributaria y aquellas herramientas cuya eficacia ha sido comprobada durante la vigencia del régimen de promoción de la industria del software a lo largo de más de una década (gestiones K): el establecimiento de una detracción en la base imponible aplicable para el cálculo de las contribuciones patronales a abonar por la empresa beneficiaria, el acceso a un crédito fiscal por una parte de las contribuciones efectivamente abonadas y una alícuota diferencial en el Impuesto a las Ganancias”.
Además, detallaron que “los beneficios previstos se otorgarán a quienes acrediten estar a la altura de las exigencias relativas al desempeño exportador, procesos de calidad y actividades de investigación y desarrollo, contemplándose la posibilidad de reemplazar este último requisito mediante la capacitación y formación de recursos humanos”.
Por otra parte, los tres diputados explicaron que el nuevo régimen “contempla un tratamiento preferencial hacia los emprendimientos y las microempresas”. En esa línea, resaltaron: “En primer lugar, releva del cumplimiento de los requisitos a las micro empresas, quienes deberán acreditar solamente el porcentaje de facturación en las actividades promocionadas. En segundo lugar, específicamente en relación con los emprendimientos, el proyecto contempla que todos los beneficiarios del nuevo régimen efectuarán una contribución anual a favor del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor, que tiene como objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales”.
Mariano Casal



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