"Había empresas que ni siquiera existían y recibían un subsidio al gasoil"

Leandro Despouy.

El extitular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, quien denunció las supuestas irregularidades en el reparto de subsidios al gasoil a empresas de colectivos, aseguró que el exministro de Planificación, Julio De Vido, no podía desconocer la situación.

"La matriz de todo esto era la discrecionalidad en el otorgamiento de los subsidios", afirmó Despuoy en declaraciones a radio Continental. Y agregó: "De Vido conoce muy bien cómo se distribuían los subsidios y la situación de deterioro por la no aplicación de los mismos en la prestación de servicios".

De Vido fue procesado y embargado por $ 1.000 millones en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los subsidios al gasoil entregados a empresas de transporte de colectivos entre 2007 y 2012.

Al respecto, Despouy dijo que el informe de la AGN "pone de manifiesto que hay de parte de la responsabilidad estatal un manejo direccionado". "Había un manejo que daba lugar a una serie de abusos y corrupción. Estamos hablando de un aumento de 4 mil en el porcentaje", señaló.

Ayer, el juez federal Claudio Bonadio procesó a De Vido, en una resolución que incluyó también a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los exintegrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes también se le fijaron embargos sobre sus bienes de hasta 900 millones de pesos.

Para todos ellos se estableció la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse ante el Juzgado el primer día hábil de cada mes y concurrir a los Tribunales de Comodoro Py para notificarse de la medida y el embargo dentro de las próximas 72 horas.

Bonadio consideró probado que "entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían".

Por ello, ocasionaron un "perjuicio" a las arcas del Estado Nacional por "aproximadamente de 609.326.186 de pesos, indicó Bonadio en su fallo, en el que los acusó de poner en funcionamiento y sostener en el tiempo, un sistema "destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad".

Los subsidios tildados de irregulares fueron otorgados a las líneas 17, 22, 29, 39, 41, 42, 47, 59, 61, 62, 64, 67, 79, 86, 92, 95, 100, 102, 104, 105, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 129, 133, 134, 140, 141, 150, 160, 163, 165, 193.