Haití: resiste el país dar más ayuda militar

El 4 de setiembre en Puerto Príncipe, Haití, se reunirán los ministros de Defensa -concurre Nilda Garré- de los 9 países latinoamericanos (la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay) que tienen tropas de Cascos Azules en la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) desplegada allí en 2004 luego del caos político y social que terminó con el gobierno del entonces presidente Bertrand Aristide. Antes de su viaje al país caribeño (vuela el domingo), Garré ordenó la zarpada de un buque de transporte repleto de equipos y pertrechos para los soldados criollos en respuesta a un informe de la ONU que criticaba las carencias del Batallón Conjunto Argentino desplegado en Gonaives.

El embajador chileno José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidirá el encuentro cuyo propósito declamado es coordinar sus estrategias para apoyar el fortalecimiento del Estado, la seguridad y el desarrollo de Haití. Sin embargo, la discusión de fondo tiene otros contenidos: la búsqueda de consenso para la prolongación del mandato de la fuerza internacional que expira en octubre y el análisis de la postura de algunos países que quieren reducir el número de uniformados y reemplazarlos por civiles especializados en ayuda humanitaria.

Es el caso de la Argentina. Mucho se ha discutido en reuniones entre la Cancillería y Defensa acerca de si es necesario disminuir la presencia militar y asignar personal orientado a cooperar con la comunidad haitiana en otros aspectos que no sean meramente el mantenimiento de la paz, el orden y la seguridad. Fundan su posición en que ya hubo elecciones, Haití tiene presidente, legisladores y se encamina a la normalización de la Justicia y de sus instituciones. La jefa castrense Garré es una de las adalides del cambio -influenciada por la doctrina chavista de la unión cívico-militar, modelo aggiornado del « operativo Dorrego»- mientras que Chile y Brasil sostienen la esencia castrense de la misión. La diferencia es de concepto, claramente el Capítulo VII de la Carta de la Naciones Unidas que es la norma que rige el mandato de la actual misión en Haití, establece el uso de la fuerza para mantener la paz internacional y de la región en la zona en conflicto y acotó el número de la fuerza militar de Cascos Azules.

Nueva policía

El otro aspecto que señala el mandato es el pedido a los países miembro, de fuerzas policiales para formación y adiestramiento de la nueva policía nacional de Haití.

Para modificar la composición de la futura misión de paz, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería reconocer una mejora sustancial en la situación políticoinstitucional de Haití y en consecuencia proceder a la revisión del mandato (no sólo a su prolongación temporal). Por eso, la agenda de Insulza y los ministros de Defensa contemplan una reunión con el presidente haitiano René Préval, el Force Commander de la Minustah y el aporte de los últimos datos de inteligencia sobre la situación de Haití con el propósito de evaluar la redefinición del mandato.

Desde la Secretaría General de la OEA se expresan argumentos ambiguos, casi a conveniencia de oído: «Los problemas de Haití son lo suficientemente grandes como para que la comunidad internacional mantenga una presencia durante todo el tiempo que el gobierno de Haití se lo solicite». Eso supondría renovar el compromiso y el esfuerzo militar de los 9 países latinoamericanos para que no haya deserciones en el esquema venidero. La fuerza conjunta argentina suma 614 hombres entre efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, más el hospital móvil de los aviadores.

El 1 de agosto pasado en una visita de 24 horas a Puerto Príncipe, preparatoria de la cumbre de ministros de Defensa, Ban Ki Moon, secretario general de las Naciones Unidas, dio su parecer: «Las Naciones Unidas que estuvieron cinco veces en Haití, no se irán del país hasta que su futuro esté asegurado». El presidente haitiano René Préval cuando estuvo en la Argentina pidió que el país continuara con su apoyo de Cascos Azules, pero también que colaborara en aspectos contribuyentes al desarrollo económico. Defensa, en tiempos de José Pampuro, se había comprometido a enviar maquinaria para obras viales, morosidad que aún pesa sobre Garré.