"Hubo un Estado delincuente"

Mesa antinorteamericana ayer en el seminario sobre la Corte Penal Internacional, que sirvió para cargar contra el terrorismo de Estado y elevar a la Argentina como referente internacional para el funcionamiento de ese tribunal.

En el bien dispuesto Salón Versailles del Alvear Palace Hotel, se juntaron la jueza suprema Carmen Argibay (otrora jueza del Tribunal de La Haya), Luis Moreno Ocampo, fiscal del CPI; el cortesano Eugenio Zaffaroni; el fiscal que juzgó a las Juntas Militares, Julio Strassera, y la diputada Margarita Stolbizer.

Con un pronunciamiento a favor de leyes locales que castiguen los crímenes de lesa humanidad, abrió el seminario Jorge Argüello para después pasar la posta a Jorge Tolasco, miembro del Tribunal que juzgó a las Juntas Militares. El juez llevó consigo la última parte de la resolución que condenó a los ex comandantes y se ocupó en remarcar la existencia de un Estado que «se convirtió en un delincuente atroz».

«Las Fuerzas Armadas podían hacer juicios sumarios y hastaaplicar la pena de muerte, pero nunca lo hicieron», dijo el ex juez para sostener que los militares utilizaron métodos ilícitos.

Después llegó el turno de Jorge Taiana, ex detenido, militante de Derechos Humanos y ahora funcionario. Según el vicecanciller no hubiera habido juicio a las juntas sin organizaciones de Derechos Humanos. Taiana aprovechó ese espacio para pronunciarse contra las «leyes del perdón», él las llamó «leyes de la impunidad» que -dijo-«restringieron el proceso de la búsqueda de la verdad y la Justicia».

Y desde ese lugar reclamó para que la Corte Suprema emita un pronunciamiento sobre la legalidad de la Obediencia Debida y el Punto Final, luego de fallos de primera y segunda instancia que las declararon inconstitucionales.

Mucho más cauta fue Estela Carlotto, pese a cargar con la pérdida de un familiar (su hija) y su esfuerzo por recuperar a los hijos de desaparecidos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se ocupó de «reafirmar la memoria como fundamento para reconstruir la democracia».

Argibay y Zaffaroni coincidieron en que los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados en los países donde se cometieron porque, en caso contrario, estarán en condiciones de intervenir otros tribunales, como la Corte Penal Internacional de La Haya. En su condición de miembros de la Corte Suprema, Argibay y Zaffaroni deberán decidir en poco tiempo sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

«Si un Estado no juzga a los autores de crímenes de lesa humanidad, pueden estar sospechados todos sus ciudadanos de encubrimiento o comisión de esos crímenes», opinó Zaffaroni. Además, consideró que el hecho de que «un genocidio o crimen de lesa humanidad quede impune implica pérdida de la paz, mientras que lo contrario es un esfuerzo civilizatorio».