Igual, avanza idea de hacer juicio político

La Comisión de Juicio Político definirá hoy las causas que tomará en cuenta para instrumentar la etapa sumarial de acumulación de pruebas, base para determinar si se puede acusar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de mal desempeño en sus funciones. El presidente de la comisión, el peronista santacruceño Sergio Acevedo, informó que hoy a las 11 habrá una nueva reunión de trabajo donde se terminarán de definir «las materias y los expedientes que van a encaminar la instrucción».

La comisión, con inusual diligencia para lo que es el trabajo habitual de las comisiones del Congreso, declaró ayer por unanimidad de sus miembros la apertura de la investigación sobre los nueve jueces de la Corte, quienes podrían ser removidos de sus cargos bajo la acusación del genérico «mal desempeño».

Tras evaluar en una reunión plenaria más de 40 pedidos de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte, los diputados hallaron «indicios ciertos que permiten el inicio del sumario de investigación por mal desempeño y posible comisión de delitos en ejercicio de sus funciones», a todos los miembros del tribunal, explicó Acevedo.

Descargos personales

Con este pronunciamiento, la comisión inició el proceso formal de juicio político a los jueces de la Corte, que tras la acusación tendrán la oportunidad de formular personalmente sus descargos -si así lo deciden-, ya que reglamentariamente no están obligados a presentarse y pueden, incluso, hacerlo por escrito.

De acuerdo con el reglamento previsto para estos casos, los jueces de la Corte serán suspendidos en sus cargos si las acusaciones en su contra son aprobadas por los dos tercios de los diputados presentes en el recinto, antes de que el proceso pase al Senado, el encargado de juzgar y dictar sentencia, que deberá aprobar también por los dos tercios de los presentes.

Esta es la primera vez desde 1983 que los jueces de la Corte serán sometidos a juicio político -a pesar de que siempre hubo pedidos de remoción-, mientras que la única oportunidad en que los miembros del máximo tribunal fueron destituidos fue en 1947, por iniciativa del entonces presidente Juan Domingo Perón. Un trámite que les llevó un año.

En la actualidad, los jueces de la Corte son Julio Nazareno (presidente), Eduardo Moliné O'Connor, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Guillermo López y Gustavo Bossert.

Hoy a las 11, la comisión acusadora -de ahora en más ésa será la función de la Comisión de Juicio Político-volverá a reunirse para evaluar cuáles de los expedientes analizados se tomarán en cuenta para componer la acusación.

En la reunión de ayer, los legisladores dejaron clara su expresa voluntad de avanzar en el cuestionamiento a la Corte y para ello coincidieron en que se deben «acotar» los temas de la acusación, para no caer en un laberinto jurídico de larga resolución.

En este sentido se expresaron los diputados Elisa Carrió (ARI-Chaco), Carlos Iparraguirre (UCR-Santa Fe), Eduardo Di Cola (PJCórdoba), José Falú (PJ-Tucumán) y el mismo Acevedo. La comisión tomará cuatro casos considerados emblemáticos, que utilizará como punta de lanza en la acusación: el contrabando de armas, el atentado a la Embajada de Israel, el rebalanceo de tarifas telefónicas y el «corralito» financiero. Ya se sabía que éstos serían los temas más serios sobre los que se apoyará la acusación, ya que la mayor parte de los pedidos presentados carece de sustento suficiente, admitió ayer uno de los diputados integrantes de la comisión.

Sin embargo, aunque está decidido descartar algunos pedidos por insustanciales, en el espíritu de la comisión primó el principio de revisar absolutamente todos los presentados, que ayer por la tarde superaban los 40.

«Nuestro límite es el principio de legalidad», aseguró Acevedo luego de leer en la reunión de comisión el proyecto de resolución que declaró la «admisibilidad formal» de los pedidos de juicio político contra la Corte. «Se encuentran reunidas las condiciones subjetivas y objetivas que permiten la apertura del proceso en el marco del artículo 53 de la Constitución», agregó el barbado diputado santacruceño. da

Luego de votar la resolución que habilita el juicio, la comisión pasó a deliberar reservadamente de común acuerdo entre los bloques políticos que la componen, para evitar «filtrar» información que podría otorgar ventajas a la parte acusada. La acusación a los jueces será individual -tal como lo establece la Constitución-, de acuerdo con la participación que hayan tenido en los casos que se les van a imputar, en la mayoría por «mal desempeño».