Impuesto a riqueza y bloqueo a tierras incendiadas con dictamen y esperan sesiones extraordinarias

Política

Los despachos avanzaron de manera exprés durante la jornada de ayer. Breve exposición de la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para el "aporte solidario". Dijo que lo pagarían 11.855 contribuyentes, según declaraciones juradas que procesó el organismo.

A la espera del fin del período ordinario a fin del corriente mes, y de la eventual convocatoria del Ejecutivo a sesiones extraordinarias, el bloque kirchnerista ya marcó la cancha con dos dictámenes obtenidos ayer y por los que exigió que sean incluidos en dicha agenda: el impuesto a los ricos -bautizado como “aporte solidario”- y el proyecto que bloquea la comercialización entre 30 y hasta 60 años de tierras incendiadas. Ambas iniciativas generan polémica y fueron empujadas por el jefe del bloque cristinista en Diputados, Máximo Kirchner.

Quien defendió ayer el impuesto a ricos en la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, que comanda el kirchnerista Carlos Caserio, fue la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, con una breve exposición y en una jornada compleja por momentos para las transmisiones de la actividad legislativa. Durante el convite, la funcionaria dijo que el “aporte solidario” -así lo denominó su creador, el banquero ultra K Carlos Heller- lo pagarían 11.855 contribuyentes, según declaraciones juradas que procesa el organismo.

“Acá no se está gravando capital de trabajo de las empresas y no es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos para hacer frente a este aporte solidario”, aseguró Marcó del Pont, en medio de la polémica que genera el proyecto en un año de recesión.

La funcionaria además agregó que “en la composición de las declaraciones juradas de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera y cuando uno analiza ese patrimonio, casi el 93% está fuera de la Argentina”, y que le “parece importante que esta iniciativa que se está tratando sea más exigente para los que tengan activos en el exterior”.

En resumen, el proyecto contempla que las personas físicas con patrimonios superiores a $200 millones de pesos pagarán, por única vez, un aporte que tendrá una tasa progresiva del 2% al 3,5%. El texto en cuestión también fija que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota, aunque si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras declaradas fuera, dicho diferencial se eliminará.

Por otra parte, la recaudación se destinará, en distintos porcentajes, a equipamiento e insumos para la emergencia sanitaria, pymes, barrios populares, Plan Progresar y exploración de gas. De esa manera, el oficialismo blindó en Diputados los votos de aliados habituales y de jujeños que responden al gobernador de Juntos por el Cambio, el radical Gerardo Morales.

“Nuestro bloque no va a acompañar este proyecto porque tiene muchas inconsistencias. En primer término, tenemos muchas dudas sobre la progresividad de este impuesto, yo creo que es una doble imposición, al igual que lo que ocurre con Bienes Personales. Por otra parte, no es coparticipable porque tiene asignación específica, por lo tanto, la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto. Nosotros, como senadores, debemos defender los intereses de nuestras provincias que son una cifra más que importante”, sostuvo ayer el radical Julio Cobos, en nombre de Juntos por el Cambio.

El legislador mendocino manifestó: “Estamos lejos en la Argentina de lograr un sistema tributario que genere recursos para el Estado, pero que también que sea incentivo para la inversión. Este impuesto no lo es, se dice que es por única vez, pero ya sabemos lo que ocurre en nuestro país con los impuestos cuando son por única vez, así fue el impuesto al cheque”. Por otra parte, Cobos advirtió que la ley “grava la tenencia de bonos, lo que va a encarecer también el tema de los bonos que se emitan, son más intereses los que vamos a pagar, porque lo van a trasladar a precios.

El impuesto a la riqueza forma parte de la “agenda Máximo” Kirchner, junto a otra ley que también se dictaminó ayer, con premura, en las comisiones de Legislación General, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable: la que modifica la norma de manejo del fuego para prohibir la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años. El supuesto objetivo es evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

La presidenta de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, sostuvo que la iniciativa en cuestión, “lejos de proteger el ambiente es contraria a su objetivo, al principio de no regresividad porque pone un plazo a la protección, algo que no hace la ley de bosques”. También consideró que el texto “es inconstitucional porque avanza sobre facultades provinciales” y que “es desproporcional mezclar los causales: esta ley no distingue entre incendios naturales, accidentales e intencionales”.

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